Un grupo de profesionales independientes, la mayoría de ellos abogados de amplia trayectoria, han propuesto a la ciudadanía un reto trascendental: reformar la justicia, más allá de los intereses partidarios del oficialismo o de la oposición.

Para eso, estos profesionales han planteado reformar la Constitución Política del Estado para cambiar el mecanismo de elección de las altas cortes del país, introducir un presupuesto digno para el sistema judicial y permitir el acceso de todos los ciudadanos a la justicia.

Pero, ¿cómo se podría reformar la Constitución sin tropezar con la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa? La propuesta es hacerlo por iniciativa ciudadana, lo que implica recopilar 1,4 millones de firmas de ciudadanos bolivianos (20% del padrón) que pidan referendo para cambiar la Carta Magna.

La propuesta base para esta reforma, que tendría que ser sometida a un consenso nacional antes de ser llevada al voto popular, se asienta en tres ejes:

El primero es quitar a la Asamblea Legislativa la atribución de preseleccionar candidatos para las elecciones judiciales y pasar esa responsabilidad a una comisión nacional de postulaciones, integrada por seis personas de reconocido prestigio. Esta comisión elaboraría ternas de postulantes, de las cuales  la Asamblea elegiría a los magistrados. Los nombres, sin embargo, deberían someterse a un referendo popular de aprobación o rechazo.

El segundo eje de esta propuesta es establecer “una partida constitucional presupuestaria” del 3% para el Órgano Judicial, cuya administración estaría en manos del Consejo de la Magistratura.

Y el tercero, universalizar el acceso a la justicia con la revalorización de la justicia indígena originaria y la creación de la justicia ciudadana de paz.

Los abogados que elaboraron esta propuesta son José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Gabriela Sauma, Juan Del Granado, Soraya Santiago Salame; además del perito en cuestiones indígenas Samuel Flores y el sociólogo Marcelo Fernández.

La propuesta de estos profesionales es un importante punto de partida para encarar, de manera seria y sin intereses partidarios, la reforma de la justicia, que ahora mismo enfrenta su peor crisis, que incluye manipulación, corrupción y  retardación, entre otros males.

Hasta ahora los tres intentos del gobierno de Luis Arce por reformar la justicia han caído en saco roto porque no apuntan al fondo de la cuestión, que es la despolitización del sistema judicial. Si bien esta propuesta se origina en la ciudadanía, es deseable que los partidos políticos, en vez de obstaculizarla, se sumen a la iniciativa para apoyarla y enriquecerla. Para una tarea titánica como la que se ha propuesto, hace falta consenso nacional y despojarse de mezquindades.