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Medio: Oxígeno Digital
Fecha de la publicación: jueves 23 de septiembre de 2021
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Junto a Romero también fueron denunciados los vocales del TSE Rosario Baptista, María Angélica Ruiz y Nancy Gutiérrez, todos por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Jhonny Pardo, informó este jueves que presentó una denuncia penal en contra del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, además de otros vocales de esa institución, por haber habilitado a Manfred Reyes Villa para las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo.
Junto a Romero también fueron denunciados los vocales del TSE Rosario Baptista, María Angélica Ruiz y Nancy Gutiérrez, todos por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En febrero de este año, el TSE había determinado inhabilitar a Manfred por una deuda ejecutoriada que tenía el exprefecto a consecuencia de un proceso judicial. Sin embargo, en marzo dio marcha atrás y decidió habilitar a Reyes Villa, debido a que el entonces candidato alegó que estaba pagando la deuda.
Según señaló Pardo a Erbol, los cuatro vocales que firmaron la resolución que habilitó a Manfred vulneraron las normas, porque antes habían inhabilitado al candidato en el marco de una revisión extraordinaria y –en su criterio- no se podía realizar otra revisión extraordinaria del mismo caso.
Finalmente, Reyes Villa ganó las elecciones subnacionales con el 55,63% de los votos, con lo queb fue proclamado como Alcalde de Cochabamba; sin embargo, su cargo está en riesgo debido a que está condenado a cinco años de prisión por conducta antieconómica en la contratación de consultorías para el proyecto conocido como “El Sillar alternativo”, durante su mandato como prefecto del departamento de Cochabamba (2006-2008).
De ejecutoriarse tal sentencia, Reyes Villa sería alejado del cargo. La decisión respecto a si se cumple o no el dictamen está en manos de una Sala Constitucional en Sucre.