Abogados y académicos propusieron este miércoles realizar una reforma judicial mediante la modificación parcial de la Constitución Política del Estado vía referendo popular.

Esta propuesta surge luego de una evaluación realizada al sistema de administración de justicia y de estar convencidos que nada se puede esperar del Estado ni del Gobierno de turno. “Esa Reforma tenemos que encararla y promoverla desde la sociedad y la gente”, se lee en el comunicado.

“Para ello planteamos organizar y concretar un Referendo vía iniciativa ciudadana para la modificación parcial de la Constitución Política, cambiando la forma de elección de magistrados para garantizar idoneidad e Independencia; asignar un presupuesto digno al Órgano judicial, administrado por un nuevo Consejo de la Magistratura, y que, al tiempo de revalorizar la justicia indígena originaria, incorporemos la justicia ciudadana de Paz, para acabar con el pleitismo y la chicana”, dice el documento.

La iniciativa fue presentada por los abogados destacados José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan Del Granado, Soraya Santiago y el sociólogo Marcelo Fernández.

Los firmantes señalan que la crisis terminal de la justicia ya no admite pasividad ni indiferencia, está en tela de juicio no sólo el interés de litigantes o la suerte de funcionarios judiciales, sino “es la estabilidad y el destino de nuestro sistema democrático lo que está en juego ante las agravadas carencias de nuestra administración judicial”.

Señalan que el sistema judicial no está cumpliendo su obligación de administrar justicia, como imprescindible servicio público, para resolver los conflictos y tener paz social, garantizar los derechos fundamentales, salvaguardar la dignidad y la libertad, velar por el cumplimiento de la ley otorgando seguridad jurídica y controlar y limitar el poder de los gobernantes evitando el autoritarismo.

Ven evidente que no se trata de un problema nuevo, sino ante falencias centenarias expresadas, sobre todo, en la dependencia política de los jueces, en su falta de idoneidad personal y profesional, en la asignación de un presupuesto miserable al órgano judicial que, además, es mal administrado.

“Estos problemas ‘antiguos’ se han agravado en los últimos 15 años por el autoritarismo, la intolerancia política, la improvisación partidaria, la persecución judicial y por la extensión de las prácticas corruptas”, enfatizan.

Consideran que la Asamblea Legislativa ha malogrado, en 2011 y 2017, la elección por sufragio directo de los Magistrados llevándola al fracaso por la manipulación política. “Esa ‘selección’ de postulantes no tomó en cuenta ni priorizó idoneidad, méritos ni experiencias, sino afinidades partidarias que, no solo mediatizaron y suplantaron el voto ciudadano, sino que agravaron en extremo el sometimiento político, la improvisación y la carencia de idoneidad de los jueces supremos, reproduciendo esas graves deficiencias en toda la estructura judicial”.

Califican que son insoportables la corrupción y la retardación de los trámites.