Esta propuesta surge luego de una evaluación realizada al sistema de administración de justicia y de estar convencidos que nada se puede esperar del Estado ni del Gobierno de turno. “Esa Reforma tenemos que encararla y promoverla desde la sociedad y la gente”, se lee en el comunicado.

“Para ello planteamos organizar y concretar un Referendo vía iniciativa ciudadana para la modificación parcial de la Constitución Política, cambiando la forma de elección de magistrados para garantizar idoneidad e Independencia; asignar un presupuesto digno al Órgano judicial, administrado por un nuevo Consejo de la Magistratura, y que, al tiempo de revalorizar la justicia indígena originaria, incorporemos la justicia ciudadana de Paz, para acabar con el pleitismo y la chicana”, dice el documento.

La iniciativa fue presentada por los abogados destacados José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan Del Granado, Soraya Santiago y el sociólogo Marcelo Fernández.

Los firmantes señalan que la crisis terminal de la justicia ya no admite pasividad ni indiferencia, está en tela de juicio no sólo el interés de litigantes o la suerte de funcionarios judiciales, sino “es la estabilidad y el destino de nuestro sistema democrático lo que está en juego ante las agravadas carencias de nuestra administración judicial”.

Señalan que el sistema judicial no está cumpliendo su obligación de administrar justicia, como imprescindible servicio público, para resolver los conflictos y tener paz social, garantizar los derechos fundamentales, salvaguardar la dignidad y la libertad, velar por el cumplimiento de la ley otorgando seguridad jurídica y controlar y limitar el poder de los gobernantes evitando el autoritarismo.

Ven evidente que no se trata de un problema nuevo, sino ante falencias centenarias expresadas, sobre todo, en la dependencia política de los jueces, en su falta de idoneidad personal y profesional, en la asignación de un presupuesto miserable al órgano judicial que, además, es mal administrado.

“Estos problemas ‘antiguos’ se han agravado en los últimos 15 años por el autoritarismo, la intolerancia política, la improvisación partidaria, la persecución judicial y por la extensión de las prácticas corruptas”, enfatizan. 

Consideran que la Asamblea Legislativa ha malogrado, en 2011 y 2017, la elección por sufragio directo de los Magistrados llevándola al fracaso por la manipulación política. “Esa ‘selección’ de postulantes no tomó en cuenta ni priorizó idoneidad, méritos ni experiencias, sino afinidades partidarias que, no solo mediatizaron y suplantaron el voto ciudadano, sino que agravaron en extremo el sometimiento político, la improvisación y la carencia de idoneidad de los jueces supremos, reproduciendo esas graves deficiencias en toda la estructura judicial”.

Califican que son insoportables la corrupción, el sometimiento político, la retardación de los trámites, el hacinamiento inhumano de las cárceles, el abuso policial y la naturalización de la violencia, sobre todo, en contra de mujeres y niña.

“Estamos en un momento terminal de la crisis judicial, se requiere una Reforma. Porque toda la estructura del órgano judicial está carcomida, nuestro país requiere esa Reforma para iniciar y avanzar en la tarea nacional de la transformación integral del sistema de justicia”, indican.

La propuesta de modificación parcial de la Constitución, según los juristas, consistiría en:

• Eliminar la atribución de la Asamblea Legislativa, de preselección de postulantes a magistrados y consejeros, creándose para este efecto la Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por representantes independientes de la sociedad que elabore, exclusivamente en base a méritos y exámenes, ternas cerradas sobre las cuales la Asamblea Legislativa elija por 2/3 del total de sus miembros. Esa elección en base a méritos, será sometida a referendo popular aprobatorio o denegatorio. 

• Asignar una partida constitucional presupuestaria, no menor al 3% del Presupuesto General, al Órgano Judicial, encargando su administración a un Consejo de la Magistratura renovado técnica y profesionalmente, y con atribuciones presupuestarías plenas. 

• Universalizar el acceso a la administración de Justicia con la revalorización de la justicia indígena originaria y con la creación de la justicia ciudadana de Paz. 

Plantean concretar la Reforma Constitucional vía Referendo Ciudadano para no depender de los gobernantes ni del monopolio de los partidos. Argumentan que la Constitución ha consagrado la democracia directa, y el Referendo es uno de sus mecanismos para cambiar estructuras estatales que no funcionan ni benefician a la gente. 

Señalan que el Referendo debería iniciarse con una propuesta de reforma consensuada que emerja del debate, y con una organizada movilización de la ciudadanía que, cumpliendo la Constitución, se plasme en la recolección del 20% de firmas, del padrón electoral, obligando así a la Asamblea Legislativa a convocar al voto, donde la reforma será aprobada si asisten la mitad más uno de los electores. 

“Sabemos que no es un camino fácil, sabemos de otras urgencias nacionales. Conocemos los rigores de la pandemia, de la crisis económica y también de la frustración política después de elecciones nacionales, departamentales y locales que no han renovado programas, liderazgos ni esperanzas. Pero estamos convencidos que debemos pasar de la lamentación a la propuesta, y que la reforma y transformación de la justicia pueden arrojar una pequeña luz en un camino que luego será alumbrado por otras iniciativas”, señalan.

Los firmantes convocan a los conciudadanos en todo el país a organizarse para el debate sobre una propuesta de Reforma y para organizar al mismo tiempo una movilización democrática que, en el curso de los próximos meses, sume a la opinión pública, recabe 1.400.000 firmas y, luego, en el Referendo ciudadano, con su voto, inicie la transformación de la justicia.