El Gobierno, por un lado, y 10 expertos en la materia constitucionalista, por el otro, revelaron ayer sus propuestas o previsiones para que la Constitución se sujete a cambios, de manera que la reforma judicial sea un hecho. Desde ambas partes hablaron de dos referendos, es decir, que la ciudadanía tenga la última palabra.

El funcionamiento del sistema judicial ha sido observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia, en el informe sobre los sucesos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, adelantó que “para cambiar el procedimiento de designación de magistrados, los principios de independencia  judicial y que los jueces sean evaluados bajo una carrera meritocrática, es necesario convocar a un referendo constitucional, para que el pueblo decida si está de acuerdo con abrir la Carta Magna”, según citó Urgente.bo.

“Si queremos cambiar los principios de independencia de la Justicia que establece la Constitución, como la medida presupuestaria y la carrera judicial, debemos cambiar la Constitución. Si queremos mudar la forma en que funciona el Consejo de la Magistratura y sus atribuciones en relación con los tribunales ordinarios y agroambiental, debemos cambiar la Constitución (…)  Si tenemos que ir más arriba y que implique una reforma constitucional, vamos a escuchar las propuestas”, mencionó.

Lo que el Gobierno establece es que la población defina si está de acuerdo o no con “tocar” la Carta Magna.

Una de las propuestas fue la de un equipo de juristas. Allí destaca la participación del constitucionalista José Antonio Rivera y la del exmagistrado Gualberto Cusi. Este grupo dio a conocer su plan “Reforma judicial para la democracia, justicia para la gente”. El resumen señala que es necesario modificar 14 artículos de la Constitución y agregar dos, como paso para mejorar la Justicia. “Son 14 artículos de la Constitución cuyo texto se modifican y hay dos artículos que se incluyen”, describió Rivera.

El proyecto plantea que todos los frentes consoliden un resultado final que luego pueda ser promovido en un referendo. 

Refiere la creación de una Comisión Nacional de  Postulaciones, que elaborará ternas para que la Asamblea, por 2/3, “nomine a los magistrados del  Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura”. Los elegidos contarán con 45 días y la población revalidará o no su continuidad.

También establece un piso del 3% del presupuesto anual para la Justicia, que la justicia indígena-originaria se revalorice y que se active la “justicia de paz”.

El producto final, con las modificaciones en la Constitución, deberá ser consultado vía referendo. Los artículos observados son 158-5, 181, 182, 183, 187, 178, 193, 194, 179, 190, 191, 192, 197 y 198.