Ayer un grupo de juristas independientes pusieron en marcha una propuesta de reforma de la justicia a través de un “referendo popular”, que contempla la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) por iniciativa popular.

El planteamiento tiene tres grandes objetivos: la designación de jueces independientes e idóneos, mejorar la asignación presupuestaria y lograr una administración judicial para todos.

Los abogados de reconocida trayectoria que proponen modificar la Carta Magna de manera parcial son  José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan del Granado, Marcelo Fernández y Soraya Santiago.

En conferencia de prensa dejaron en claro que esta propuesta no requiere el permiso del Gobierno ni de la oposición, sino del pueblo.

“Tiene que ser aceptada por el pueblo, esa es una iniciativa ciudadana. Según el artículo 411 de la CPE puede ser reformada parcialmente mediante iniciativa legislativa con una ley aprobada por dos tercios, pero luego ratificada o refrendada por el pueblo. La otra vía es la iniciativa ciudadana, cuando el 20 por ciento del padrón electoral solicita al Tribunal Supremo Electoral (TSE), se entregan las firmas, se acreditan las firmas y el TSE tiene que convocar al referéndum. Es una iniciativa ciudadana, surge del pueblo no de la oposición, no de unas cuantas personas sino de la sociedad civil”, explicó el constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera.

La propuesta de este grupo de juristas contempla la modificación de 12 artículos de la Constitución y la incorporación de dos artículos nuevos, todos relacionados con el accionar de la justicia. Los artículos que proponen modificar en la CPE son el 158-5, 181,182, 183, 187, 178, 193, 194, 179, 190, 191, 192, 197 y 198.

Los artículos nuevos para incorporar hacen referencia al “acceso a la justicia y la Comisión Nacional de Postulaciones”.

La comisión, integrada por personas de reconocida trayectoria, será la encargada de la designación de jueces independientes con la “elaboración de ternas cerradas que serán elegidas por la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos, con el fin de nominar a los magistrados del  Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura”.

“Dicha nominación parlamentaria no será definitiva. Los nominados tendrán que someterse en 45 días al veredicto ciudadano, mediante referendo popular que los ratifique o deniegue”, señala el planteamiento.

“Esto significa que estamos proponiendo el cambio en el sistema de selección y calificación de los postulantes y que no sean realizadas, como hasta ahora, por niveles políticos”, indicó Rivera.

Mayor presupuesto

Otro de los aspectos que afectan el accionar de la justicia es el presupuesto que se asigna al Órgano del Estado, que no llega ni al 0,5 por ciento del Presupuesto General.

“No es posible un buen servicio judicial sin presupuesto digno. Por ello, plateamos que al menos el 3% del Presupuesto General sea destinado al Órgano Judicial, debiendo estar inscrito en la CPE”, dijo Juan del Granado al mencionar los ejes de la reforma que plantean.

Rivera acotó que estas son algunos cambios en la Constitución que sientan las bases para luego hacer las reformas legislativas y las institucionales, que pasan por transformar el sistema de formación profesional.

Proponen que en cinco meses se presente al TSE

Presentado el planteamiento de reforma judicial, el grupo de juristas iniciará una serie de reuniones con diferentes organizaciones de la sociedad civil, para posteriormente requerir libros al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y recabar las firmas exigidas para convocar a un referéndum por iniciativa popular.

“La idea, hacer reuniones con diferentes organizaciones de la sociedad civil: colegios de abogados, universidades, Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con derechos humanos y otros, explicar la propuesta, recoger sus planteamientos, sus críticas, sus observaciones en los próximos 45 días. Al final de eso sacaremos la versión final”, dijo el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) José Antonio Rivera.

Según el cronograma explicado por Rivera, superada esta etapa se solicitará al Órgano Electoral la entrega de libros para impulsar la iniciativa ciudadana.

“Haremos una fase de unos 60 días de recojo de firmas en alianza con las plataformas ciudadanas, con la sociedad civil organizada hasta llegar a recoger 1 millón 400 mil firmas. Ojalá podamos recoger más y con eso presentar formalmente para que se remita al Tribunal Constitucional Plurinacional para el control preventivo de constitucionalidad tanto del proyecto como de la pregunta y una vez superado eso el TSE convocará a votaciones”, sostuvo.

Buscan fortalecer la justicia indígena

La propuesta planteada por los abogados contempla la profundización de la justicia indígena originaria a través de sus autoridades con base en sus principios, valores, normas y procedimientos propios.

La jurisdicción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos tiene competencia para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que regulen sus normas y procedimientos propios. “Las resoluciones de la jurisdicción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos no serán revisadas por la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental ni las jurisdicciones especializadas”.