El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó la existencia de un plan para detener al alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa tras darse a conocer la sentencia en su contra. Desde el entorno del burgomaestre se teme un operativo para la aprehensión y encarcelamiento de Reyes Villa, aunque, aseguran, la autoridad no se encuentra en la clandestinidad.

El secretario administrativo financiero del municipio cochabambino y vocero del alcalde, Mauricio Muñoz, reveló que Reyes Villa se mantiene acompañado por un equipo de seguridad y se moviliza con cierta cautela ante la posibilidad de su detención. Las precauciones asumidas no impiden que continúe con las labores correspondientes al cargo. Eso sí, desde el día lunes no ha aparecido por el edificio municipal.

Muñoz descarta que el munícipe se encuentre en la clandestinidad, pero tampoco aclaró desde qué lugar prosigue con sus  funciones ediles. 

Simpatizantes y seguidores del alcalde permanecen en la plaza 14 de Septiembre en una vigilia que brinda apoyo y respaldo. Sobre él pesa una orden de detención correspondiente a la sentencia de cinco años de cárcel en su contra. Aguarda la resolución de un amparo constitucional en la ciudad de Sucre en contra de los magistrados que negaron la admisión de un recurso de casación. 

El ministro del Castillo envíó un mensaje de calma y aseguró que desde su cartera: "esperemos que 7 de octubre la justicia proceda conforme a norma y la acción de amparo determinará si es culpable o inocente de este proceso o si el auto supremo habría vulnerado algún principio establecido en la CPE”.

La causa que decretó el ingreso a prisión de Reyes Villa se vincula al caso Sillar Alternativo y la sentencia alude una conducta antieconómica. La condena establece cinco años de prisión y data de 2013, cuando el denunciado residía fuera del país. 

El mismo día que se conoció la orden de detención, se supo sobre la admisión de la acción de amparo constitucional presentada por la defensa del alcalde en Sucre. En esta se denuncia “la lesión del derecho al debido proceso” en contra de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz y Edwin Aguayo, que declararon improcedente la demanda de casación de Reyes Villa. El abogado del alcalde, Ronald Pinto, informó que “no pueden ejecutar el mandamiento de condena” en contra de Reyes Villa hasta que se resuelva la acción en Sucre.

Con este auto, el Tribunal de Cochabamba, que emitió el mandamiento de condena, “ha perdido competencia dentro de este caso y ahora está en manos de la Sala Constitucional 2 de Chuquisaca determinar si se deja en suspenso o no el cumplimiento, la ejecutoria de la condena dentro del presente caso”, acotó el letrado. 

De manera paralela, Reyes Villa mantiene un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que observa los casos abiertos en rebeldía o ausencia del acusado. 

“(Reyes Villa) ha denunciado que en este proceso del que estamos hablando y en otros procesos se han vulnerado sus derechos fundamentales como es el hecho de haberse realizado procesos penales completamente a sus espaldas, sin que se lo haya notificado nunca en rebeldía”, señaló Pinto.

Reyes Villa presentó la petición ante la CIDH en agosto de 2008 y la amplió en años posteriores. Alegó factores, como  la violación de sus derechos, al permitirse que grupos irregulares afines al MAS atenten contra su integridad, que se le destituyó como prefecto de manera inconstitucional y que sufrió persecución política con base en procesos penales.