A partir de finales de 2019 empezó a sumarse en el país una crisis multidimensional, que se fue formando en el siguiente orden: crisis política, producto de las elecciones generales anuladas; crisis social, producto de la pandemia, el año educativo clausurado y todo lo relacionado con el sistema judicial; y crisis económica, también como efecto de la pandemia que vivimos y el desastre de gestión económica transitoria.

La primera, crisis política, la resolvimos finalmente en octubre de 2020, y en marzo de 2021; momentos en los que por fin tuvimos autoridades elegidas legal y legítimamente, recién una vez resuelta esa parte de la crisis multidimensional es que comenzó la tarea de atender las otras crisis.

La segunda, crisis económica, es la que se ve que de alguna forma se va aminorando y emergiendo esta sensación de estabilización que hoy experimentamos en términos generales, digo esto para que ninguno de los bandos de economistas influencers se resienta porque igual que en la política, alguno de los bandos reacciona a la palabra golpe o fraude; en los economistas del país apenas escuchan “crecimiento” saltan para decir que uno está en uno de los dos bandos.

La otra crisis, la social, es la que se encuentra aún sin norte indicado de por dónde se irá para resolverla, y es que por el ímpetu que el Gobierno nacional se puso a retomar la agenda de la crisis política, la posibilidad de que encaremos en el país una verdadera reforma de la Justicia se hace cada vez más inviable y difícil. De ahí que cualquiera que sea citado o involucrado en algún caso judicial, hoy fácilmente puede declararse como víctima de una venganza o arremetida personal, porque la sensación extendida es que el sistema judicial se encarga de repartir injusticias, y no lo contrario.

Esta crisis social radicada en la Justicia va creciendo como una bola de nieve. Un rápido vistazo desde la sociedad hacia el Estado nos da cuenta de que, por ejemplo, los casos de inseguridad ciudadana y de violencia contra la mujer se anuncian cada vez con más descarnamiento, son más crueles que el anterior que vimos y así. Luego, dos instituciones que se supone deben ser las protectoras de los derechos humanos de todos los bolivianos, repito eso de todos, han decidido tomar partido por alguna de las iglesias del fraude o del golpe, me refiero a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo. Ambos espacios curiosamente con mandatos extendidos en sus principales figuras que las dirigen.

Para completar ese círculo de sensaciones de injusticia y urgencia de solución de la crisis social, está la clase política que sigue alimentando junto a los operadores de justicia un círculo vicioso de mercado negro de la Justicia, cuando estos operadores quieren influir en el curso de la política mediante la judicialización de la política, o cuando políticos presionan para que los operadores de justicia fallen según sus conveniencias mediante la politización de la Justicia. Un círculo vicioso que es de ida y vuelta, y que no basta con el anuncio de ajustes a las normas que anunció hace poco el ministro Lima, sino que pasa porque se vaya construyendo una reforma de abajo hacia arriba, un espacio en el que primero sea atendida la población y luego, los políticos.