Los indígenas que se dirigen a Santa Cruz de la Sierra buscan que su pliego petitorio sea escuchado por los cuatro poderes del Estado mientras el Gobierno ratifica que la marcha tiene un trasfondo político.

Marcial Fabricano, uno de los líderes de la marcha, afirmó que buscarán el diálogo con autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. “Corresponde porque en cada uno de esos estamentos constitucionales, tenemos que aclarar, ratificar, reclamar, hablar y buscar entendernos para que se asuma que nuestras demandas están en la Constitución Política del Estado, y solo queremos que se cumplan”, afirmó.

El diálogo se realizará en Santa Cruz, una vez que la marcha llegue a esa ciudad. La fecha de la llegada, inicialmente prevista para el 24 de septiembre, todavía no ha sido definida pero, según dijo Fabricano, será después del 24.

La marcha indígena cumple hoy 28 días y se dirigirá a Cuatro Cañadas donde permanecerá durante dos días ante el cansancio de sus miembros, sobre todo personas de la tercera edad y niños.

En ese lugar se instalará nuevamente el Parlamento Indígena para debatir los temas del pliego y para la conformación de comisiones con miras al diálogo con las autoridades de los cuatro poderes del Estado.

La columna integrada por al menos 500 marchistas recibió hasta ahora apoyo de autoridades, organizaciones cívicas, políticas y Gobierno central que destinó médicos en una ambulancia y policías.

El vocero gubernamental, Jorge Richter, afirmó que este sector busca «instalar» un conflicto para recibir «atención mediática» para convencer a la sociedad de que el Gobierno quede asociado a acciones como la «indolencia» ante la marcha.

«Se está construyendo una causa, se está construyendo un conflicto con el cual poderse agarrar para generar un conflicto con el Gobierno» explicó Richter a un canal de televisión.

El martes se incorporó a la marcha la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal y esta acción sumó argumentos al Gobierno para que calificar a la columna de política porque, según el vocero de Luis Arce, la activista tiene definida su oposición gubernamental.

También observó los respaldos de las plataformas ciudadanas del 21F y los llamados de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, para recibir a los marchistas con admiración por la valiente lucha que encaran en defensa de sus territorios.

Entre las principales demandas de los pueblos indígenas de tierras bajas están el respeto a sus territorios y el rechazo a los avasallamientos por parte de sectores leales al Gobierno que en las últimas semanas también protagonizaron invasiones a propiedades privadas con el uso de armas de fuego y blancas.(Santa Cruz-Brújula Digital)