En un extenso hilo en Twitter, el exejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal Melero, recordó que en la crisis poselectoral de 2019 la “instrumentalización” de la justicia contribuyó a la persecución política incluso a través de terceros.

“El GIEI Bolivia identificó la falta de independencia judicial y la instrumentalización de la justicia con fines políticos como unos de los problemas estructurales derivados del análisis de las violaciones a #DDHH en 2019”, escribió el experto en un hilo de 15 tuits referidos al asunto.

Vidal Melero puso como ejemplo al menos tres casos: Edith Chávez Arauco, Lorgia Fuentes y activistas sociales considerados “guerreros digitales”.

“El GIEI identificó que la persecución y el hostigamiento a exautoridades se realizó también de manera indirecta, a través de procesos seguidos en contra de terceras personas”, dijo.

Chávez era trabajadora doméstica del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y Fuentes fue vinculada por una “testigo clave” con el exministro de Gobierno Carlos Romero. Ella habló el martes con la transmisión Piedra, Papel y Tinta de La Razón y recordó el suplicio que pasó cuando en enero de 2020 fue plagiada por agentes, torturada y electrocutada por negarse a firmar un papel contra Romero.

“En el caso de Lorgia Fuentes, el informe del GIEI identifica que su persecución estuvo relacionada con su «supuesta relación afectiva con el exministro de gobierno de Evo Morales, situación que, además de irrelevante para fines penales, es negada por ella», recordó Vidal Melero.

Como dijo en la entrevista con La Razón, Fuentes contó los detalles de su caso al GIEI: “Fue arrestada en febrero de 2020, cuando se encontraba internada en una clínica. Según su declaración al GIEI, durante los 130 días que estuvo en la clínica permaneció atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna. y enmanillada en una de sus muñecas”, citó el GIEI en su informe presentado en agosto reciente.

Fuentes dijo a la transmisión de este diario que el exministro de Gobierno Arturo Murillo usó su caso para buscar amedrentar a Romero.
Sobre Chávez, “el GIEI advierte que se dictó prisión preventiva en su contra como una forma de presión para obtener informaciones sobre el paradero del exministro de Presidencia”, dijo Vidal Melero.

En relación a los “guerreros digitales”, el exejecutivo del GIEI dijo que ellos fueron detenidos y juzgados pro presuntas conductas sediciosas.

“El GIEI destacó en su informe la persecución de activistas sociales en el denominado caso ‘guerreros digitales’, basado en un ciberpatrullaje policial para identificar personas que manifestaban opiniones contrarias al gobierno de Jeanine Áñez y ‘desinformaban’ al público”.

El 17 de agosto de este año, el GIEI presentó su informe a Bolivia sobre la violencia y violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, en el que destacó los resultados de la investigación de las masacres de Sacaba y Senkata, en la que incluso hubo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, cuyo saldo fue una veintena de fallecidos por impacto de bala.