Diez abogados independientes presentaron ayer un proyecto de reforma judicial vía referendo constitucional, basado en la elección judicial de magistrados y tribunos, aumentar el presupuesto para el Órgano Judicial a un 3%, revalorizar la justicia indígena e incorporar la “justicia ciudadana de paz”, entre otros.

El abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, que junto a otros nueve juristas presentaron el proyecto, precisó que la participación de la población puede abrir paso a una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) para modificar, antes de 2023, la manera de elegir a los magistrados y jueces del Órgano Judicial.

El jurista apuntó que de acuerdo a la CPE, la propuesta debe estar respaldada por al menos un millón quinientas mil firmas, que supone el 20 % del electorado, para que se vaya al voto ciudadano.

“Con las firmas recabadas y con la propuesta elaborada, difundida y discutida podemos ir al voto ciudadano para hacer por lo menos las siguientes reformas constitucionales que son la parte inicial de mediano y largo plazo de una reforma judicial”, dijo.

El parágrafo II del artículo 411 de la CPE establece que la reforma parcial a la Constitución podrá iniciarse también por iniciativa popular con las firmas de al menos el 20 % del electorado. “Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”, se añade en la norma constitucional.

Para Del Granado la reforma de la justicia debe pasar por independencia, mejor presupuesto, atribuciones al Consejo de la Judicatura, respeto a la justicia y revalorización a la justicia originaria – campesina.

“En primer lugar tenemos que buscar independencia, por lo tanto debemos cambiar la forma de cómo se eligen los jueces supremos porque el voto popular ha sido manoseado, degradado y desperdiciado por el hegemonismo del Movimiento al Socialismo (MAS)”, precisó.

Acotó que la forma de elección de magistrados debe cambiar y debe primar los méritos, la experiencia y la calidad profesional.

Para Del Granado es necesario incorporar en la CPE que el tres por ciento del Presupuesto General de la Nación para la administración de justicia, porque el 0.5 % destinado actualmente es miserable.

Asimismo, dijo que se debe enfrentar la falta de acceso y revalorizar a la justicia indígena – originaria que –en su criterio– está venida a menos en la propia Constitución porque está subordinada a la justicia ordinaria.

Aseguró que se tiene generar una justicia de paz. “Tenemos que poner en la CPE a los jueces de paz que son ciudadanos del distrito, del municipio, elegidos por la propia gente que utilizan el arbitraje, la amable composición mediante prácticas ciudadanas para evitar que todos tengamos que ir a los tribunales, a los jueces, a los abogados y depender de la chicana y la corrupción”, apuntó.

En ese marco, dijo que a nivel nacional existen 80.000 abogados aproximadamente, entre hombres y mujeres de una gran calidad humana y profesional.

“Cómo no vamos a poder seleccionar a los mejores para que sean los jueces supremos, los jueces departamentales y los jueces de sentencia. Somos como 80.000 abogados a nivel nacional y son 1.600 jueces y fiscales. Hay jueces y fiscales probos, lamentablemente son la excepción, por ello tenemos que ir a la reforma y hay con quién hacer la reforma en términos de justicia”, aseveró.