Un grupo de 10 expertos independientes elaboraron una propuesta de  reforma estructural del sistema  judicial, vía referendo popular.  Entre los tres pilares de su planteamiento  está el de eliminar la  atribución de la Asamblea Legislativa  Plurinacional (ALP)  de preseleccionar postulantes a  magistrados y consejeros. 

Además de ese eje, proponen  establecer una “partida constitucional  presupuestaria” para el  Órgano Judicial y universalizar  el acceso a la administración de  justicia, con la revalorización de  la justicia indígena originaria y  con la creación de la justicia ciudadana  de paz. 

La propuesta surge tras los fallidos  intentos de reformar la  justicia, la creciente crisis en ese  ámbito y la poca credibilidad  que se detecta en el sistema. 

“El principal efecto de la crisis  del sistema judicial es la falta de  independencia judicial de los  magistrados y jueces, que tiene  su origen en la alta injerencia política  en los procesos de selección  y designación”, explicó el exmagistrado  José Antonio Rivera. 

Además de Rivera, los juristas  que elaboraron la propuesta, que  fue presentada ayer, son Katia  Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda  Flores, Ramiro Orías, Gabriela  Sauma, Juan Del Granado,  Soraya Santiago Salame; además  del perito en cuestiones indígenas  Samuel Flores y el sociólogo  Marcelo Fernández. 

Los tres pilares 

“Planteamos concretar la Reforma  Constitucional vía Referendo  Ciudadano para no depender  de los gobernantes ni del  monopolio de los partidos. La  Constitución ha consagrado la  democracia directa, y el referendo  es uno de sus mecanismos para  cambiar estructuras estatales que no funcionan ni benefician a  la gente”, se lee en la convocatoria  de reforma realizada por los  juristas independientes.

El primer pilar de la propuesta  es la introducción en la Constitución  Política del Estado (CPE)  de una comisión nacional de  postulaciones, integrada por  seis personas de reconocido  prestigio: dos designados por el  Legislativo (uno por mayoría y  uno por minoría), dos designados  por el sistema universitario,  uno designado por el Colegio  Nacional de Abogados y un representante  designado por el sistema jurídico indígena originario  campesino. 

Según el planteamiento, la Comisión  Nacional de Postulaciones  seleccionará y aprobará las  ternas de postulantes para que,  por dos tercios, la ALP nomine a  los magistrados del Tribunal Supremo  de Justicia, Tribunal  Agroambiental, Tribunal Constitucional  Plurinacional y del  Consejo de la Magistratura. Los  nominados por la ALP, con excepción  del Consejo de la Magistratura,  tendrán que someterse  en 45 días a referendo para ser ratificados  o rechazados. 

El segundo pilar de la reforma  es la introducción a la CPE de  una partida presupuestaria no  menor al 3% del Presupuesto General,  destinada al Órgano Judicial,  cuya administración estará  en manos del Consejo de la Magistratura. 

El tercer pilar de la propuesta  se refiere a lograr una “reforma  para tener una justicia para todos”,  revalorizando la justicia  indígena originaria campesina  modificando la CPE y eliminando  la subordinación de los sistemas  jurídicos originarios a la justicia  ordinaria. 

En total, en estos tres pilares se  proyecta la modificación de al  menos 12 artículos de la CPE, y la  inclusión de dos adicionales.

Para hacer efectiva esta propuesta  integral, el grupo de expertos  apuesta por la reforma  parcial de la CPE vía referendo  ciudadano. Para ello, según el  texto constitucional, deben recolectar  las firmas del 20% del  padrón (1.400.000). 

Los juristas anunciaron que  primero socializarán el planteamiento  con distintos grupos de  la sociedad civil, proceso en el  que pueden plantearse modificaciones  a la propuesta. 

Posteriormente se hará una  campaña mediante una “movilización democrática” para la recolección  de rúbricas. 

Mientras tanto, el Ministerio  de Justicia intenta por tercera  vez una reforma judicial con base  en estos puntos: balanceo del  conflicto, sistema de acceso a la  justicia, independencia judicial,  desarrollo normativo y transparencia.