Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 22 de septiembre de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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La Fiscalía General del Estado cerró el caso fraude aferrado a un estudio que encargó a una universidad española. Esa pericia, realizada por la Universidad de Salamanca, solo revisó el sistema informático de las elecciones generales de 2019 y no contempla todos los aspectos abordados por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esa es la respuesta del Gobierno de España a parlamentarios del país europeo.
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La Fiscalía General del Estado cerró el caso fraude
aferrado a un estudio que encargó a una universidad española. Esa
pericia, realizada por la Universidad de Salamanca, solo revisó el sistema
informático de las elecciones generales de 2019 y no contempla todos los
aspectos abordados por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esa es
la respuesta del Gobierno de España a parlamentarios del país europeo.
“El informe al que se refiere la pregunta fue elaborado por
la Universidad de Salamanca de manera independiente y solo se limitó a
realizar una evaluación de los sistemas informáticos utilizados en el proceso
electoral de 2019 (en Bolivia), sin entrar en otros aspectos que
analizó el informe de la OEA”, dice el informe que envió el Gobierno español al
Congreso de Diputados de España.
Los congresistas Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Belén Hoyo
Juliá y María Martínez Ferro, solicitaron al Ministerio de Universidades de
España datos, información y documentos sobre la pericia elaborada por la
Universidad de Salamanca que concluyó que no hubo manipulación de datos en las
elecciones de 2019 en Bolivia. Esa petición fue presentada el 8 de septiembre y
respondida el 20 del mismo mes. La respuesta tiene solo dos párrafos.
En el segundo, el Gobierno español asegura que luego
de los conflictos de 2019 se normalizó la relación diplomática con
Bolivia.
La posición del gobierno de Pedro Sánchez ratifica lo que
antes había mencionado el profesor Juan Manuel Corchado, quien lideró la
pericia a los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral
de 2019.
El catedrático mencionó que el estudio realizado por
él y dos estudiantes no abarcó aspectos como la alteración de actas y la cadena
de custodia que analizó la OEA, por lo que indicó que la
auditoría del organismo internacional “va mucho más allá”.
El pago a catedrático
La Fiscalía General del Estado pagó Bs 216.193 -cerca de
$us 30.000- por la pericia que realizó el catedrático español. Ese dinero
fue depositado en una cuenta personal, que es de Corchado, actual director
gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.
El 27 de julio la Fiscalía presentó la resolución de
sobreseimiento 06/2021 sustentado en el informe del “Deep Tech Lab de Bisite de
la Universidad de Salamanca”, que no encontró delito en los 12 acusados del
caso fraude electoral, a pesar de que detectó que los equipos informáticos eran
vulnerables y manipulables. Con esa pericia la Fiscalía cerró el denominado
caso fraude electoral, denunciado por la OEA en noviembre de 2019 y
que provocó la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su posterior fuga del
país.
El folio de la pericia española tuvo siete correcciones
antes de ser entregado al Ministerio Público de Bolivia. Corchado
reclamó que ese estudio iba a tener carácter “confidencial” solo para el
conocimiento de las autoridades judiciales; sin embargo, el fiscal general del
Estado, Juan Lanchipa, lo presentó como parte de la estrategia para desestimar
el fraude y anular la auditoría de la OEA.
Al respecto, el diputado Alejandro Reyes, de CC, consideró
que el caso Fraude debe ser reabierto porque no tomó varios aspectos en
los que se inmiscuyó la OEA. Mientras, su colega del MAS Héctor Arce
afirmó que el caso está desestimado porque no se hallaron pruebas de fraude.
“Tuvieron todo el 2020 en el gobierno de facto y ni así pudieron comprobar que
hubo fraude”, aseguró.
