Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 22 de septiembre de 2021
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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Los indígenas que se dirigen a Santa Cruz de la Sierra
buscan que su pliego petitorio sea escuchado por los cuatro poderes del Estado
mientras el Gobierno ratifica que la marcha tiene un trasfondo político.
Marcial Fabricano, uno de los líderes de la marcha, afirmó
que buscarán el diálogo con autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y Electoral. “Corresponde porque en cada uno de esos estamentos
constitucionales, tenemos que aclarar, ratificar, reclamar, hablar y buscar
entendernos para que se asuma que nuestras demandas están en la
Constitución Política del Estado, y solo queremos que se cumplan”, afirmó.
El diálogo se realizará en Santa Cruz, una vez que la marcha
llegue a esa ciudad. La fecha de la llegada, inicialmente prevista para el 24
de septiembre, todavía no ha sido definida pero, según calculó Fabricano, será
después del 24.
La marcha indígena cumple hoy 29 días y se
dirige a Cuatro Cañadas donde permanecerá durante dos días ante el
cansancio de sus miembros, sobre todo personas de la tercera edad y niños.
En ese lugar se instalará nuevamente el Parlamento Indígena
para debatir los temas del pliego y para la conformación de comisiones con
miras al diálogo con las autoridades de los cuatro poderes del Estado.
La columna integrada por al menos 500 marchistas recibió
hasta ahora apoyo de autoridades, organizaciones cívicas, políticas y Gobierno
central que destinó médicos en una ambulancia y policías.
El vocero gubernamental, Jorge Richter, afirmó que este
sector busca "instalar" un conflicto para recibir "atención
mediática" para convencer a la sociedad de que el Gobierno quede asociado
a acciones como la "indolencia" ante la marcha.
"Se está construyendo una causa, se está construyendo
un conflicto con el cual poderse agarrar para generar un conflicto con el Gobierno",
sostuvo Richter anoche en una entrevista en Cadena A.
El martes se incorporó a la marcha la presidenta de la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), Amparo Carvajal y esta acción
sumó argumentos al Gobierno para que calificar a la columna de política porque,
según el vocero de Luis Arce, la activista tiene definida su oposición
gubernamental.
También observó los respaldos de las plataformas ciudadanas
del 21F y los llamados de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, para
recibir a los marchistas con admiración por la valiente lucha que encaran en
defensa de sus territorios.
Entre las principales demandas de los pueblos indígenas de
tierras bajas están el respeto a sus territorios y el rechazo a los
avasallamientos por parte de sectores leales al Gobierno que enlas últimas semanas
también protagonizaron invasiones a propiedades privadas con el uso de armas de
fuego y blancas.



