Los últimos episodios de la lucha entre el gobierno central y el alcalde electo del municipio de Cercado pueden ser leídos desde distintas entradas: la conocida subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, los resquemores —traducidos en acciones— de un partido populista mayoritario a nivel nacional que ve con miedo la desviación de los respaldos populares, los afanes crecientes de control autoritario de la sociedad, son algunas de las lecturas priorizadas. Aquí queremos abordar el tema dirigiendo la mirada hacia cuatro características del ejercicio ciudadano actual en el país.

Uno: Un ejercicio ciudadano responsable conlleva un voto responsable por un programa, proyecto o estilo de gestión. En el caso que analizamos, ha habido una votación mayoritaria por una gestión de “obras estrellas”, que impacte de manera visible en sus ciudadanos, mucho más —o por ello—, después de casi 15 años de gestiones desastrosas. Independientemente de simpatizar o no con el resultado electoral, hay que reconocer que el mismo ha sido motivado por lo que racionalmente corresponde en una elección de este tipo: estilos y objetivos del trabajo municipal. No se puede decir lo mismo de otros escenarios electivos municipales en el país, donde se ha priorizado el voto por consigna partidaria (no en vano tenemos, incluso, un municipio con 100% de votos dirigidos a un solo candidato).

Dos: Por ello, la actual crisis tiene que ver, principalmente, con la poca consideración existente por el voto ciudadano. Si se habilitó la postulación de un candidato y éste fue elegido por la ciudadanía, lo correcto (desde una mirada tradicional de lo que significa democracia y ciudadanía) es respetar esta elección. Sin embargo, en Bolivia estamos cada vez más acostumbrados a burlar el voto del soberano (salvo en los trámites bancarios). Ya lo vimos y lo vivimos con los resultados electorales del referéndum de 2016 (causa del conflicto de octubre 2019 y la consecuente fragmentación del tejido social) y se lo vuelve a vivir hoy. Definitivamente, el voto de los ciudadanos, llegado un momento, puede no interesar.

Tres: Como parte de esta tendencia a desechar el voto ciudadano, destaca la deslegitimación de las instituciones de convivencia democrática, tales como la separación de poderes, la transparencia y manejo adecuado de la justicia o la debida protección de los diversos derechos ciudadanos. El descreimiento ciudadano frente a las instituciones democráticas ha ido acentuándose en los últimos años, entonces, ¿qué queda?: buscar imponer lo que uno(a) considera legítimo sobre “el otro” (que es desechable en el imaginario común), a partir de la acción directa en las calles. Se gestiona la solución a las demandas mediante enfrentamientos entre ciudadanos.

Cuatro: Así, la participación ciudadana en las calles se vuelve el instrumento privilegiado de la ciudadanía —muchas veces “cooptada” por partidos políticos y sus dirigentes—, de manera a imponer intereses “propios” mediante, las más de las veces, acciones agresivas, destructoras e incluso ilegales (tapiados, secuestros, confrontación física, heridos). La clave está en la fuerza y capacidad de movilización de los sectores a los que uno(a) pertenece.

Ya que el voto no vale, las instituciones democráticas no funcionan, los intereses políticos de algunos prevalecen en la toma de decisiones públicas, entonces el pueblo (así de anónimo se lo pinta y es) sale a enfrentarse en las calles, los enemigos son los “otros ciudadanos” sobre los que hay que imponerse, controlar e, incluso, desechar.

La convivencia respetuosa, democrática y constructora de comunidad de bienestar ha quedado remplazada por la “ley del más fuerte”. Entonces, solo queda esperar y ver qué fuerza sale ganando en esta última crisis municipal.