El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, denunció que el juez primero de instrucción cautelar Marco Antonio Amaru Flores condiciona el proceso para dar curso al caso Senkata previa demostración de su condición de víctimas a los afectados de 2019.

En este caso se investigan al menos 10 muertes que se registraron el 19 de noviembre de 2019 en un operativo en Senkata, donde los manifestantes bloqueaban la planta de YPFB en protesta contra el gobierno transitorio que se había instalado una semana antes.

Inca afirmó que la Fiscalía de la ciudad de El Alto hasta ahora no acepta que las víctimas de la masacre de Senkata se constituyan en parte denunciante en el proceso investigativo, pese a que se presentó un recurso de apersonamiento con el fin de que el caso no sea paralizado.

“Nos hinchaban a las víctimas para que se apersonen a la Fiscalía, caso contrario el proceso podría paralizarse, nos apersonamos y desde el 27 de agosto, cuando presentamos nuestro recurso, no se emite una resolución o determinación para que nos constituyamos en parte”, señaló.

El representante de los derechos humanos aseguró que si este recurso no es aceptado, difícilmente serían admitidos los otros memoriales que presentarán en contra de los ministros del régimen de facto de Jeanine Añez y sus cómplices, tal como establece el informe de los expertos internacionales del GIEI.

“Ya pasó un mes de que los expertos del GIEI presentaron su informe final, pero la Fiscalía no hizo nada, por lo que nace nuestra duda de un posible encubrimiento a esos personajes que tanto daño hicieron a los bolivianos”, agregó.