Patricia Sánchez, directora jurídica de la Gobernación de Cochabamba, en contacto con La Razón Radio, dijo que ahora corresponde al Ministerio Público y a la Policía Boliviana ejecutar el mandamiento de condena que el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió en contra del actual alcalde Manfred Reyes Villa.

“Ayer hemos sido notificados sobre el amparo constitucional interpuesto por Reyes Villa que fue admitido el 17 septiembre; en el memorial, el abogado solicita como medida precautoria la suspensión de la sentencia de condena, pero éste fue rechazado; por tanto el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben ejecutar el mandamiento de condena”, dijo.

Sánchez explicó que sobre el actual alcalde de Cochabamba pesa el delito de conducta antieconómica, pues mientras fue prefecto de este departamento, entre 2006 y 2008, presentó un proyecto para la construcción de una vía alternativa a El Sillar, que se encuentra entre Cochabamba y Santa Cruz.

Reyes Villa contrató a cinco consultores independientes, cuando lo que debió hacer, según la normativa, era contar con un estudio multidisciplinario, “concatenado”, dijo Sánchez. Además, a dos de los consultores, a los dos días del contrato, se les pagó el 100% de sus servicios, cuando las leyes indican que el pago debía ser del 20%.

Asimismo, el Presupuesto Operativo Anual (POA) no contaba con la previsión de la contratación de cinco consultorías. Cuando el proyecto fue presentado entonces al Consejo Departamental (hoy Asamblea) fue rechazado por no contar con la expectativa técnica y con la licencia ambiental necesaria.

“Rechazan el proyecto porque no cumple con expectativas técnicas y tampoco con la licencia ambiental; no se le extiende la licencia ambiental, porque el proyecto atraviesa el Parque Nacional Carrasco, que es un área protegida. Es decir se declara un proyecto inviable sin beneficio para la población; ahí nace la conducta antieconómica”, explicó la abogada de la Gobernación.

El mandamiento de condena que se hizo público el lunes ordena la ejecución de la condena de cinco años de presidio para Reyes Villa en el penal de San Sebastián. Aunque su defensa presentó un amparo constitucional para frenar su ejecución, según Sánchez, este ha sido rechazado por no contar con el suficiente sustento.

También en La Razón Radio, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Orlando Vargas, cuestionó que la justicia en el país actúe en algunos casos con celeridad, mientras que en otros casos los procedimientos se dilatan.

“La justicia no puede ser manipulada, debe ser usada bajo sus principios básicos para dar seguridad a la ciudadanía de que se garantizan el debido proceso, las garantías constitucionales, la celeridad, entre otros. Hay casos que son atendidos de manera prioritaria frente a otros”, dijo.

En el caso también está acusado Gustavo Navia, entonces director del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).