El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que la Policía Boliviana no está siguiendo al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien tiene una sentencia condenatoria y que ahora intenta frenar que se ejecute con distintos mecanismos legales.

“Cualquier persona tiene la libertad de locomoción para trasladarse de un lugar a otro, y tiene el derecho a la privacidad; la Policía Boliviana no está siguiendo a Manfred Reyes Villa por ningún elemento”, dijo Del Castillo en una conferencia de prensa.

En ese sentido, también aclaró que al menos su persona “hasta el momento no ha recibido una orden de mandamiento de condena”.

“Sin embargo, si la justicia determina la aprehensión de una persona o de otra por la comisión de delitos, no somos la autoridad correspondiente para objetar o para manifestar si es correcto o incorrecto; somos respetuosos del estado de derecho, y lo que determine la justicia será acatado por la fuerzas establecidas”, agregó.

Entretanto, Patricia Sánchez, directora jurídica de la Gobernación de Cochabamba, afirmó que corresponde al Ministerio Público y a la Policía Boliviana ejecutar el mandamiento de condena que el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió en contra del alcalde.

“Ayer (lunes) hemos sido notificados sobre el amparo constitucional interpuesto por Reyes Villa que fue admitido el 17 septiembre; en el memorial, el abogado solicita como medida precautoria la suspensión de la sentencia de condena, pero éste fue rechazado; por tanto el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben ejecutar el mandamiento de condena”, señaló Sánchez en una entrevista con La Razón Radio.

El mandamiento de condena que se hizo público el lunes ordena la ejecución de la sentencia de cinco años de presidio para Reyes Villa en el penal de San Sebastián. Aunque su defensa presentó un amparo constitucional para frenar su ejecución.

Reyes Villa está condenado por un hecho de presunta conducta antieconómica en la contratación de consultorías para el proyecto El Sillar, conocido como el caso “Sillar alternativo”, durante su mandato como prefecto del departamento de Cochabamba (2006-2008).

“Sabemos que la justicia boliviana tiene sus propios tiempos (…), pero esperemos que proceda conforme a norma”, apuntó Del Castillo.