Todos estamos sometidos a la ley, sin importar nuestro trabajo, posición social o incluso si tenemos cargos públicos. Las normas deben aplicarse a todos, y Manfred Reyes Villa, aun siendo alcalde de Cochabamba, no puede ser la excepción y tratar de ocultar sus hechos bajo discursos de supuesta persecución política, cuando cometió delitos en el pasado.

El caso Sillar Alternativo, por el cual está sentenciado Reyes Villa, data de 2009. En 2013 se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica. El actual Alcalde presentó justificativos para evitar que esa sentencia sea ejecutoriada, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó un recurso.

Cuando era prefecto, Reyes Villa y el Servicio Nacional de Caminos suscribieron un acuerdo para la presentación de un estudio a diseño final como alternativa de solución al problema del tramo El Sillar de la carretera Cochabamba–Santa Cruz. Se dispusieron Bs 1.615.000 para la contratación de consultorías individuales, cuando el proyecto obedecía a la contratación de consultoría multidisciplinaria y no tomó en cuenta que ese trazo atravesaba el Parque Nacional Carrasco, situación que evitó la obtención de la ficha ambiental, informó La Razón en su edición digital.

Pese a ello, sus concejales decidieron hacer caso omiso de las determinaciones de la justicia y el propio Reyes Villa aseguró que no renunciará a su cargo, cuando la normativa en realidad indica que se debe elegir a un alcalde interino para luego convocar a elecciones para elegir a la nueva autoridad edil de la ciudad.

La presidenta del Tribunal de Sentencia N° 1 de Cochabamba, Vivian Enríquez Monasterio, emitió el mandamiento por la comisión del delito de conducta antieconómica, prevista y sancionada en el artículo 224 del Código Penal; este mandamiento indica que la pena impuesta es de cinco años de privación de libertad.

El documento ordena que “cualquier funcionario público hábil del Estado Plurinacional de Bolivia conduzca al Centro de Rehabilitación San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi”.

La orden detalla, como publicó la ABI, que “en cumplimiento a la Sentencia N° 09/2013 leída el 17 de abril, pronunciada dentro del proceso penal signado con el N° de NUREJ 200920476 seguido por el Ministerio Público contra Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi y otro, por la comisión del delito de conducta antieconómica, previsto y sancionado en el artículo 224 del Código Penal. La pena impuesta es de cinco años de privación de libertad”.

“En caso de resistencia”, indica el Mandamiento de Condena, “recúrrase al auxilio de la fuerza pública para la ejecución del presente mandamiento que es librado en la ciudad de Cochabamba a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno”.

Reyes Villa, sin embargo, empezó a movilizar ciudadanos en la urbe cochabambina para que rechacen esta determinación, utiliza políticamente a algunos pobladores les hace creer que la decisión parte del Gobierno, cuando en realidad parte de la justicia, que es universal para todos los bolivianos.

Ahora queda que se cumplan las disposiciones, aunque claramente Reyes Villa, como siempre, tratará de evadir la justicia y para ello busca el apoyo de algunos medios de comunicación y de algunos sectores opositores al Gobierno, usando un doble discurso pese a estar consciente de sus acciones.