Sectores afines al MAS expresaron, en varios escenarios, la decisión de tomar las calles ante la posibilidad de una “rearticulación” de las plataformas ciudadanas que ahora exigen una reforma judicial y el cese de la “persecución política”, además de la liberación de presos detenidos acusados de “terrorismo”.

Ante este escenario, Guillermo Paz, quien es parte de las plataformas ciudadanas del 21F, informó que pidieron garantías al Ministerio de Gobierno y la Policía para evitar actos violentos y daños personales, tal como ocurrió el 5 de agosto en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.

El activista señaló que forma parte de un movimiento ciudadano que se mantiene vigente desde 2016, cuando el MAS promovió un referéndum para buscar ampliar el mandato legal de Evo Morales. No nos ocultamos; no estamos como estos grupos de choque que usa el MAS en una línea que cada día es mucho más radical y más violenta”, afirmó y anticipó que en breve volverán a sembrar “el mojón de la democracia” frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reemplazar al que fue quemado a fines de 2019.

“Respetamos los símbolos que ellos tienen, como la estatua del Che Guevara que está en El Alto; les pedimos que también respeten nuestros símbolos”, dijo.

“Nunca más nos van a encontrar esas arremetidas golpistas ni desorganizados ni desmovilizados. No vamos a provocar ningún tipo de reacción violenta, pero vamos a disputar las calles”, anunció la activista Canela Crespo, en representación de la coordinadora de organizaciones, colectivos y bloques urbanos que mantendrá una vigilia permanente en La Paz.

Además, un grupo de dirigentes del MAS presentó una lista de 34 políticos y personalidades, a las cuales consideran “golpistas” y que deben ser detenidas.

“En su mayoría no están encarcelados. Las bases nos indican que deben ser detenidos, por lo tanto el Ministerio de Gobierno debe hacer su trabajo, dijo Eddy Loza, dirigente del MAS de La Paz.

La expresidenta Jeanine Añez lidera la lista, pero también aparecen políticos opositores, activistas, periodistas, entre otros, incluyendo hasta el exdirigente alteño Roberto De la Cruz. También está el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, además del abogado Jorge Valda, que asesora a la entidad cruceñista.

“Esto nos da más fuerza para continuar con la tarea de seguir denunciando los abusos y pedir la libertad de los presos políticos”, señaló Valda quien consideró que existe una nueva etapa de persecución política que está promoviendo el MAS a los opositores.

Además de la coordinadora, otros dos colectivos ciudadanos se presentaron como “guerreros” para defender al gobierno de Arce. Por una parte, “el ejército guerrillero” Wila Luch’us (gorros rojos) emergió vinculado a la agenda del MAS. En abril se presentaron los Guerreros de la Wiphala.

El sociólogo Franco Gamboa consideró que el Gobierno debe garantizar el derecho a la protesta, observando “que no existan amenazas contra la seguridad de las personas ni acciones delictivas”.

Valda afirmó que en 2019, el MAS ya había apelado a movimientos irregulares y armados.