El día 12 de abril de 2014, el mandatario de entonces dijo: “En vano incorporamos poncho y pollera en la justicia, la retardación y la corrupción constituyen el cáncer del sistema judicial”. Hoy en la conciencia colectiva se sostiene que se halla en situación cadavérica e infecciosa.

El mal endémico no comenzó con el experimento irracional e ilógico de vestir con atavíos originarios, bajo la argumentación de democratización de la justicia y para ello establecer que los miembros componentes del órgano sean electos en sufragio nacional directo, individual, secreto, libre y obligatorio. El mal se hizo evidente cuando, de dicho órgano, se convirtió en un instrumento político al servicio de los más aviesos intereses de un partido o de un grupo de intereses y ciertos juristas se prestaron a la apostasía de su sacerdocio por dádivas, renunciando a su condición de caballeros, para hacerse llamar doctores.

Hubo, y tal vez hoy existen, quienes mantuvieron en firme su vocación.

La administración de justicia es una función pública tendiente a mantener y asegurar el imperio de la ley y el orden jurídico en casos en que existan controversias. En consecuencia, de lo que se trata es de asegurar la paz social. Esta misión y función solo es posible cuando los encargados de realizar tal tarea, se hallan imbuidos del conocimiento exacto y certero de las disciplinas jurídicas, lo que se logra a través de estudios especializados, en los cuales priman la lógica y la racionalidad. Si bien un cúmulo de saberes es fundamental no lo es menos ciertas cualidades personales como la ética, moral y la entereza para asegurar la vida, la fortuna y el honor de quienes acuden a los tribunales buscando se dé a cada quien lo que le corresponde.

Una conformación de tribunales solo es posible dentro del Estado de Derecho, cuando el poder público asegura lo que la Constitución Política establece: independencia, separación, coordinación y cooperación entre sus órganos conformantes, sin que medien presiones, cooptaciones o se impongan limitaciones para el cumplimiento de sus específicas funciones.

Es este periodo de ausencia total de probidad, si verdaderamente existe algún interés en asegurar la Justicia y libertad, se precisan medidas salvadoras de largo alcance, en las que participen el pueblo, gobierno y organismos internacionales. Una tarea gigante que debe emprenderse ya.