El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este domingo que “no existe posibilidad” de que el acalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, eluda la condena que dictó la justicia en su contra por un caso de corrupción.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), explicó el Ministro, dictó un auto supremo, “con calidad de cosa juzgada”, que tiene que ver con la contratación irregular de una consultoría para El Sillar, en el que Reyes Villa fue sentenciado a cinco años de prisión.

En ese marco, dijo que, una vez que el expediente vuelva a Cochabamba, el juez a cargo del caso debe ejecutar la sentencia. “De acuerdo con la Ley de Marcelo Quiroga, no existen posibilidades de no cumplir la pena en este tipo de delitos”, afirmó Lima.

Agregó que la solicitud de revisión extraordinaria del caso o un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son “viables”, pero reiteró que lo que hay, en este momento, es una sentencia ejecutoriada, “con ninguna posibilidad ya de revertir” la decisión tomada por el TSJ, “si aplicamos las reglas claras de la justicia”

Lima, que recordó que el burgomaestre cochabambino tiene 12 procesos en su contra, agregó que los abogados de Reyes Villa acudieron “tomaron una actitud de falta a la ética” al presentar recursos en Beni y no en Cochabamba, que es lo que correspondía, según explicó. “Hay un uso arbitrario de los medios de defensa”.

Sobre si deben celebrase nuevas elecciones en Cochabamba, dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “ha señalado lo que debe ocurrir (…): el Concejo Municipal debe pronunciarse y, eventualmente, si toma una decisión, en el marco de la Constitución, lo que corresponde es llevar adelante nuevas elecciones”.

“Esta no es una decisión del Órgano Ejecutivo. Esta es una decisión que se va dar en un Concejo Municipal, en el que la mayoría de los concejales corresponde a la partido del señor Reyes Villa. Y si ellos deciden ir en contra de la Constitución y contra de la ley, también se generará una responsabilidad por parte de ellos”, advirtió.

Lima insistió en que hay “un delito que se ha sentenciado con pruebas”, un caso “flagrante de corrupción”.

“Hay una sentencia ejecutoriada y lo que corresponde, en este momento, es que se dé cumplimiento a esa decisión”, finalizó.