Tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declara inadmisible un recurso de casación presentado por la defensa del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y pone en riesgo su continuidad, algunos analistas consideran que esto deja al municipio al borde de una crisis municipal.

El analista y docente investigador social Fernando Salazar indicó que este proceso es parte de un ataque selectivo a todas las autoridades de oposición al Gobierno.

“Se ve que el tema político es el que prevalece frente a todo y un aparato de justicia que carece de credibilidad en su accionar. Posiblemente, estos procesos son válidos, pero la forma como se los hacen: discriminatoria, selectiva y muy calculadora, es la que pone a toda una ciudad en puertas de una crisis municipal real”, dijo Salazar.

Asimismo, señaló que hay otros casos que afectaron también económicamente a la región que no están siendo investigados o que no tienen la misma celeridad en la respuesta judicial.

“Hay otros casos que quedan encubiertos como los dos puentes caídos y las anteriores autoridades municipales no hicieron nada o el hospital del niño y tantas otras obras. La omisión también es un delito”, dijo Salazar.

Por otro lado, el exconcejal de Cercado, Edwin Jiménez, indicó: “Las determinaciones jurisdiccionales deben ser cumplidas”. Pero esta situación puede generar demoras en la ejecución de planes, programas y proyectos en el municipio, porque la pasada gestión pasó por algo similar que afectó la ejecución.

“Debe haber certidumbre. Se debe conocer de manera oficial la determinación de la autoridad jurisdiccional competente. Se deberá notificar a las instancias que correspondan”, dijo Jiménez.

Añadió: “Esperemos que no suceda lo que pasó la anterior gestión. Cochabamba quiere tener certidumbre, que se ejecuten sus planes y que se hagan los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los pobladores”.

Los roces entre el MAS y el alcalde comenzaron antes de las elecciones subnacionales, mediante el diputado Héctor Arce.

El 19 de febrero, Arce pidió la inhabilitación de Reyes Villa por “tener pliego de cargo ejecutoriado” por la compra de vehículos cuando fue prefecto. El 25 de mayo el diputado solicitó a la Contraloría pronunciarse por la “incompatibilidad” entre el concejal y el alcalde por su parentesco. 

Además, el 3 de agosto, denunció la presunta compra irregular de la planta de oxígeno. Y el 15 de septiembre exigió al Concejo elegir un nuevo alcalde  por la sentencia.

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Pérdida de mandato de autoridad electa

La Ley de Gobiernos Autónomos, en su artículo 12, señala sobre la pérdida de mandato: “El Alcalde (…) perderá su mandato por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal”.

Proceso es por el caso “Sillar alternativo”

El proceso contra Reyes Villa es por el caso “Sillar alternativo” y data de 2009. El caso se inició por el supuesto delito de conducta antieconómica y la justicia emitió sentencia de cinco años de cárcel en 2013.