Hace dos años que Bolivia vive bajo la capa oscura del resentimiento y que la violencia y la polarización se convirtieron en grietas profundas para la sociedad. “No fue golpe, fue fraude”. “No fue fraude, fue golpe”. El proceso electoral de 2019 causó que el país entre en un conflicto sociopolítico complejo que está  drenando la sustancia vital de toda democracia: la paz. 

Ante este panorama, tres expertos en cultura de paz y reconciliación explicaron cuatro factores que pueden ayudar a la pacificación del país: diálogo de fuerzas políticas, mediación internacional, frenar discursos de odio y reforma judicial.

“La paz tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho, a las libertades ciudadanas, de opinión, de pensamiento. El promover espacios de convivencia pacífica, el respeto y el ejercicio pleno de los valores democráticos”, dijo Sergio Ardaya, investigador de la cultura para la paz.

¿Cuáles son las causas de estos enfrentamientos? El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) publicó en agosto pasado un informe que analiza la situación boliviana y señala algunas de las causas que han llevado a su polarización, así como ciertas recomendaciones que tanto el Estado como la sociedad civil deberían seguir para entrar en un proceso de pacificación.

Uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la falta de legitimidad de las instituciones del Estado. La falta de la independencia institucional y el debilitamiento de los procesos democráticos. 

Ramiro Orías Arreondo, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señaló que “el sistema de justicia se ha convertido en el brazo jurídico de la persecución política y vemos que las narrativas de ambos lados están enfocadas en enjuiciar al enemigo y perdonar al amigo. Eso difícilmente va a cambiar si no hay un instrumento idóneo que pueda generar una narrativa más objetiva”.

En la misma línea, Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, afirmó que “ha habido una deslegitimación de las instancias que nos han permitido cuestionar la integridad del proceso electoral. Asimismo, tanto grupos autoconvocados como políticos han instigado ciertos actos que han provocado caos en el país”.

El informe del GIEI identifica que estos factores institucionales –y estructurales– están relacionados con la falta de independencia de la administración de justicia y la ausencia de garantías del debido proceso.

Sergio Ardaya considera que una de las causas fundamentales de la polarización y la dificultad de afrontar los procesos de pacificación tiene que ver con la falta de diálogo entre los actores políticos y los actores sociales. 

A pesar de que Bolivia es uno de los pocos países que ha incorporado dentro de su Constitución Política del Estado (CPE) la obligación al respeto del derecho a la paz, como indicó Ardaya, la inviabilidad del diálogo está restringiendo las opciones del país de reconciliarse.

Apunta que estos procesos de diálogo deben ser provistos desde la familia, la escolaridad, la universidad, el trabajo y la comunidad. “Por tanto, es importante empezar a concientizar sobre el alcance de estos valores que hacen a la paz y hacen a la democracia desde la primera infancia y desde la familia”, dijo.

Sumado a esto está el problema histórico de los conflictos raciales y la discriminación. El informe de la GIEI remarca que “las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales”.

Asimismo, los políticos y la desinformación en las redes sociales han contribuido a la propagación de discursos de odio. 

“El problema es que los mensajes de odio y de racismo han sido sistemáticamente reproducidos por autoridades y líderes políticos que han erosionado en un momento de alto descrédito de los poderes del Estado”, señaló Saavedra. 

Para Ardaya, “los discursos de odio están siendo un catalizador de mayor violencia en el país, traduciéndose en crímenes de odio. En Bolivia se están dando desde distintos frentes políticos y sociales que tienen que ver con argumentos racistas, estereotípicos, xenofóbicos, homofóbicos, machistas y que también tienen que ver con la posición política de las personas”.

Empero, como remarca Saavedra, una reforma judicial –que en principio sería la vía para una verdadera pacificación – es un trabajo a largo plazo que puede durar más de 10 años. Pero el país necesita una respuesta pronta.

Orías propone la implementación de un mecanismo de justicia transicional, que permita transformar las distintas esferas del mundo judicial de una manera más acelerada a través de “un conjunto de tribunales desinstitucionalizados o una sala de derechos humanos que avancen en estas investigaciones para poder responder a las víctimas y sus familias que, al final, son las que siempre quedan abandonadas”. 

Señaló tres áreas críticas: la modificación del sistema de elección de magistrados presupuesto judicial y el movimiento del Consejo de la Magistratura. 

Por su parte, Saavedra afirma que es “importante que exista un verdadero pacto político entre las fuerzas que están en el Parlamento por reconciliar el país”. De esta manera, se abrirá un espacio a un diálogo provechoso y así se cumplirán las recomendaciones del GIEI de forma inclusiva y con alta participación de los sectores sociales y la ciudadanía. 

2019 Año de la crisis política

La crisis poselectoral de octubre y noviembre de 2019 marcó la polarización política y social del país.