Sin embargo, se espera que el futuro escenario que se perfila cuente con las correspondientes condiciones presupuestarias y técnicas que hagan viable la aplicación de la regulación de la actividad política partidaria boliviana, Si se analiza de manera serena, estas son palabras mayores, en el entendido que la inmensa mayoría -sino la totalidad- de los partidos y organizaciones políticas del país se encuentra lejos de constituirse en el vehículo idóneo que represente el sentir y pensar ideológico político de la población para alcanzar el poder y ejercer la pertinente administración del Estado. Por tanto, resulta lógico prever un intenso debate en torno al alcance de la nueva normativa.
 
En primer lugar está la crónica asignatura pendiente de la democracia interna. Esto quiere decir que al interior de las organizaciones políticas del país no se practica como debiera la participación ecuánime, amplia, incluyente y regulada de su propia militancia. También tiene su peso específico el registro responsable e institucionalizado de los militantes del partido, de manera se conozca a ciencia cierta quiénes y cuántos son, haciendo más fáciles los trámites de sanción y la identificación de los tránsfugas que, dicho sea de paso, son personas que tienen carné de militante de varias organizaciones políticas, como si nada, impunemente. Asimismo, cuenta la transparencia de la fuente de los recursos económicos.
 
Como novedad se menciona la participación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, en correlación con la Constitución del Estado boliviano y las declaraciones y convenciones internacionales sobre los pueblos indígenas. La lectura inicial de esta normativa alienta un panorama favorable al ejercicio de una democracia perfectible, puesto que aborda aspectos que a menudo han generado conflictos, desinteligencias y aberraciones que le han hecho daño al país y a la joven democracia nacional. Por ejemplo, el aporte -siempre desmentido- de funcionarios públicos al partido en función de Gobierno, antes y ahora. Según las denuncias, persiste esa práctica nociva.
 
Sin duda, uno de los puntos más delicados resulta el financiamiento de los partidos, que debe ser regulado con instructivas estrictas para evitar las distorsiones que emanan los aportes de dudosa procedencia. El ejercicio idóneo de la democracia interna y el registro de militantes con participación igualitaria de género, junto con la personería jurídica correspondiente, devienen en tareas obvias si se pretende mejorar la vida democrática del país. El ingreso regulado y obligatorio de las organizaciones originarias en el escenario de las organizaciones políticas puede despertar suspicacias, especialmente si con esta norma el Gobierno pretende llevar agua a su propio molino, como sospecha la oposición.

La lectura inicial del nuevo proyecto de ley de partidos políticos alienta un panorama favorable para el ejercicio de una democracia perfectible, puesto que aborda aspectos que a menudo han generado conflictos, desinteligencias y aberraciones que le han hecho daño al país y a la joven democracia nacional.