El título de este artículo responde a un editorial reciente de otro matutino de circulación nacional que, con motivo de la propuesta de reforma que estamos trabajando un grupo de abogados, nos calificó de “juristas de la oposición”, sin siquiera conocernos y, peor, sin saber exactamente lo que plantearemos los próximos días y semanas.

Parece no comprenderse que la reforma judicial es una demanda inaplazable no de litigantes y abogados, sino una necesidad urgente para preservar la convivencia democrática hoy amenazada por la polarización suicida, y donde hasta alguna prensa piensa que o estás con el Gobierno o eres de la oposición, cómo si todo fuese negro o blanco.

Lo hemos dicho varias veces, la administración de justicia padece de carencias estructurales centenarias que se arrastran desde la fundación: la carencia de independencia e idoneidad de la mayoría de los jueces, la carencia de un presupuesto mínimo para atender un servicio público que debería ser digno, la carencia de acceso universal a un servicio judicial que llega a pocos, y finalmente, aunque no en último lugar, la carencia de estrategias estatales de mediano y largo plazo para salir del cortoplacismo de todos los gobiernos que, llegando, anuncian reformas, revoluciones y transformaciones que luego las archivan.

Es inocultable que políticas autoritarias, los últimos 15 años, han agravado sobre todo el sometimiento de los jueces. Sin duda, visiones hegemonistas que pretendían hacer de la administración de justicia un otro mecanismo estatal de dominación de la sociedad, como pregonó el exvicepresidente García Linera, agravaron en extremo la dependencia de los jueces del poder político, profundizando su falta de idoneidad, extendiendo la corrupción y la ineficiencia hasta el extremo del colapso en el que hoy nos encontramos.

Pero estas visiones autoritarias no nos pueden hacer perder de vista que nunca hemos tenido una correcta administración de justicia y que, por lo mismo, son casi 200 años en los que siguen en la cuerda floja de la incertidumbre los derechos, las libertades, la seguridad jurídica, el desarrollo, la paz social y el respeto gubernamental a la Constitución y a la ley que, en suma, son los valores que un sistema de justicia tiene que defender y preservar.

Y esas carencias centenarias agravadas tienen el rostro degradante de 16.000 bolivianos sin sentencia hacinados en las cárceles, de miles de litigantes que durante años solo han encontrado dilación, impunidad, chicanas y coimas que eternizan los procesos. Y, peor, en la indefensión de miles de mujeres agredidas por el machismo y que son las sobrevivientes de esta pandemia impune de los feminicidios que, en promedio, cada tres días nos arrebata con violencia a una compatriota.

Y, ¿nuestra justicia? A la deriva, con notables y contadas excepciones. Con jueces supremos que hacen desaparecer sentencias, fabrican fallos prorroguistas, extravían 200 procesos disciplinarios de jueces inferiores y que, además, cobran por nombrar jueces a fiscales con prontuario, o vocales departamentales a jueces prevaricadores. 

No, no se puede aceptar que la tragedia judicial, que hoy ha tocado fondo, se partidice entre oposición y Gobierno, para que cualquier propuesta sea triturada por la polarización, mucho más, cuando, más allá de algunas iniciativas gubernamentales rescatables, casi nunca en estos 40 años de vida democrática se encaró, de manera estructural, la reforma de la justicia con las urgentes medidas inmediatas, pero sobre todo con el horizonte de mediano y largo plazo.

La reforma judicial seria, debería ser una cruzada nacional transversal al conjunto de la sociedad. No debe ser un ariete circunstancial de los opositores sin propuesta alternativa, ni un recurso ocasional demagógico de los gobernantes sin programa.

Repetimos una vez más. Ya no podemos esperar nada del Estado ni del Gobierno, debemos impulsar la reforma judicial desde la sociedad y la gente a través de un referendo ciudadano. En eso estamos trabajando el grupo de juristas al que se refirió el periódico en cuestión. Pero será una propuesta que no viene desde la oposición y no va contra del Gobierno, propuesta que la presentaremos en los próximos días y, que quede claro desde ahora, no tiene bandera partidaria ni quiere, para nada, ser parte de la polarización y la intolerancia qué nos está llevando al abismo.

Ojalá sea no solo el inicio de un debate nacional profundo, sino un punto de encuentro para alcanzar algunas soluciones que le hagan bien a nuestra democracia y, sobre todo, a la gente.