El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ganó las elecciones con el 55,63%, mientras que el presidente Luis Arce se hizo del mandato del país con el 55,1%. Ambos gozan de una legitimidad incuestionable y, precisamente por eso, es una afrenta que el MAS quiera sacar de su cargo al Alcalde por el solo hecho de ser opositor. Y, no se trata de que la justicia decida tal o cual cosa, se trata de una acción política para controlar incluso aquello que no pudieron ganar en las urnas.

En 2013, Reyes Villa, en su calidad de exprefecto de Cochabamba, fue sentenciado a cinco años de reclusión en el caso denominado “Sillar alternativo”, por el delito de conducta antieconómica, en el caso de la construcción del tramo carretero El Sillar. Reyes Villa estaba entonces refugiado en Estados Unidos porque tenía una decena de casos abiertos a instancias del MAS.

El fondo del asunto es de lo más curioso porque establece que la Prefectura erogó 1,6 millones de bolivianos por la contratación de consultorías individuales en vez de una consultoría multidisciplinaria y dice que no ha prevenido que el tramo pasaba por el Parque Nacional Carrasco y que, por tanto, no iba a obtener la ficha ambiental. Es decir, observa aspectos más de forma que de fondo en un intento de resolver el viejo problema de deslizamientos en la ruta Cochabamba-Santa Cruz.

El caso es que esa sentencia fue avanzando hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia, donde la defensa de Reyes Villa recurrió con un recurso de casación que acaba de ser rechazado antes de ser considerado. Frente a este revés jurídico, el MAS considera que la sentencia ya está ejecutoriada y por eso pide que Reyes Villa sea apartado del cargo y se convoque  a nuevas elecciones. De hecho, el Tribunal Electoral abrió esa posibilidad, pero siempre que el Concejo tome la decisión de sacar al Alcalde de su cargo. Sin embargo, juristas consultados por este medio aseguran que a Reyes Villa aún le quedan dos recursos más, uno ante el propio Tribunal Supremo de Justicia y otro ante el Tribunal Constitucional.

Tomando en cuenta que la justicia está al servicio del MAS, es probable que todas las puertas judiciales se vayan cerrando para Reyes Villa, de tal manera que el partido de gobierno no cesará en su dura presión para destituir al Alcalde cochabambino.

En el coro de los oficialistas que piden el cambio de alcalde apareció, con voz fuerte y clara,  el candidato perdedor de las elecciones en Cochabamba, el ahora viceministro Nelson Cox, quien sacó solamente 29,69% del respaldo popular. Tal vez ahora está pensando que llegó su oportunidad de convertirse en alcalde anteponiendo sus intereses personales frente a la voluntad popular.

No sólo Reyes Villa está sufriendo la arremetida judicial del MAS. Se encuentra en esa misma situación el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Jeanine Añez, por lo que está siendo sometido a varios procesos penales. El más reciente también es insólito, pues la Fiscalía lo convocó a declarar en calidad de sindicado por una supuesta discriminación al expresidente de la empresa Mi Teleférico, César Dockweiler, quien fue el perdedor de las elecciones a la Alcaldía de La Paz justamente frente a Arias.

Lo curioso del caso es que la Fiscalía basa su acusación en un informe de la Defensoría del Pueblo, lo que acaba de reconfirmar que esa instancia, igual que la justicia, está al servicio de los intereses del MAS. La oficina de Nadia Cruz ha señalado que no presentó ninguna denuncia contra Arias, pero su informe es la materia prima para un nuevo caso de persecución.

Arias, igual que Reyes Villa y lo mismo que Arce, tiene amplia legitimidad porque ganó las elecciones con el 49,52% de los votos y merece el respeto de las demás autoridades para desarrollar su gestión sin sobresaltos.

¿Cuál es la lógica del MAS cuando quiere expulsar de sus cargos a alcaldes electos y que gozan del mismo porcentaje de apoyo popular que Arce? ¿Quiere decir el MAS que en Bolivia el voto azul vale más que el voto por los opositores? Ya es tiempo de que el partido oficialista respete la voluntad popular ya sea ésta a favor del MAS o de la oposición.