Fue directo y claro: corresponde a los que administran justicia construir la reforma judicial, ahora en plena efervescencia política. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, al contrario, consideró que dicha tarea debe evitar la contaminación y las demagogias políticas.

“Tiene que ser construida naturalmente por quienes administramos justicia y no excluye a instituciones y actores políticos que con propuestas técnicas y jurídicas puedan incorporarse”, dijo ayer al streaming La Razón Radio.

Además, afirmó que el proceso será a mediano y largo plazo. “Obviamente, la reforma judicial es a mediano y largo plazo; quien nos hable de lo contrario, nos está mintiendo”, insistió Torres, desde el 13 de julio nuevo titular del TSJ, cabeza del Órgano Judicial.

—¿Qué lectura tiene de las recomendaciones del GIEI?

—El TSJ, al igual que otras instituciones en el país, recibió personalmente el informe del Grupo de Expertos relacionado a la coyuntura especial que tuvo el país durante las jornadas de 2019 y parte de 2020, la crisis política. Esa crisis política arrojó, lamentablemente, hechos de violencia que ocasionaron vulneración de derechos humanos.

Este informe del GIEI en lo que hace énfasis es precisamente en la vulneración de derechos humanos en diferentes instancias del Estado. Hemos ratificado y comprometido el trabajo del TSJ para acoger estas recomendaciones y trabajar sobre las recomendaciones.

Sin embargo, la crisis judicial no empieza ni termina con el informe del GIEI. La crisis no data de hace unos años, sino, permanentemente, el país ha estado en debate sobre la justicia. Recordemos la reforma de 1994, que fue producto de la exigencia de los pueblos indígenas para que exista apertura y reconocimiento de sus derechos; es ahí que se empezó a hablar de una jurisdicción y una justicia indígenas, no como la que tenemos ahora en la Constitución.

Entonces se avizoraba que la forma de designación de ministros en aquella época tenía un periodo agotado, que debía ser debatido y cambiado. Luego vino la propia Asamblea Constituyente, que profundizó grandes cambios, que incorporó la jurisdicción indígena y agroambiental; reconoció los derechos de los pueblos indígenas.

El debate del sistema de administración de justicia siempre estuvo sobre la mesa y siempre fue parte de una discusión polémica. Lo que hizo el GIEI es recordarnos y ponernos en tapete temas que aún están pendientes de solución.

—¿Hay una propuesta específica de parte del Órgano Judicial de discusión de la reforma?

—El 13 de julio, cuando asumí la presidencia del TSJ, mencionaba que tiene que hablarse de independencia judicial con mucha sinceridad y transparencia; debemos hablar y construir una carrera judicial y profundizar la jurisdicción indígena y campesina; modernizar la justicia acudiendo a las herramientas tecnológicas, al punto que debemos alcanzar en el mediano y largo plazo el expediente electrónico, no solamente con este concepto y premisa de modernizar, sino que esta modernización y la inclusión de estas herramientas en el trabajo jurisdiccional nos permitan también transparencia y actuar con mayor prontitud y agilidad, de esta forma dar una respuesta eficaz  en los cuestionamientos en torno a la administración de justicia.

Obviamente, también hablamos de presupuesto económico para el Órgano Judicial, que es uno de los órganos del Estado que tiene un presupuesto escaso y magro, que no permite crear mayores ítems y mayor personal para la carga procesal, concentrada especialmente en el eje central. No podemos sentar mayor presencia en lugares donde se necesita tener presencia como órgano del Estado, hablo de municipios y provincias, para de esta forma los bolivianos tengan la posibilidad de resolver sus litigios de manera pacífica, armónica y dentro de la aplicación del derecho.

Es una necesidad, y deben reconocerla tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo; hay necesidad de un mayor presupuesto a favor del Órgano Judicial que permita ingresar a la aplicación de herramientas tecnológicas e informáticas, y el equipamiento.

—¿Cuánto es el presupuesto anual del Órgano Judicial?

—Hemos proyectado Bs 1.060 millones como presupuesto para la gestión 2022; en la gestión 2021, con el recorte abrupto que se hizo, llegamos a Bs 900 millones.

Hoy estamos solicitando al Órgano Ejecutivo un incremento leve, por las necesidades para el funcionamiento de los despachos judiciales en el país y no es para reponer los salarios que fueron disminuidos, sino para posibilitar que el Órgano Judicial funcione adecuadamente y responda al mundo litigante en el país.

—Hay voces en sentido de que la iniciativa de la reforma judicial debería ser iniciativa del Órgano Judicial, como lo planteó el expresidente de la República y expresidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez.

—El Órgano Judicial está compuesto por el TSJ, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y la propia jurisdicción indígena originaria campesina. Esencialmente, en estos ámbitos debe discutirse la reforma judicial; las propuestas deben nacer de estos ámbitos naturales del sistema de administración de justicia.

Pero esto no excluye a otras entidades como, por ejemplo, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, Defensa Pública o Régimen Penitenciario, que también deben incorporarse con propuestas sobre la reforma judicial,

Si hablamos de Régimen Penitenciario, uno de los más cuestionados de Latinoamérica por los hacinamientos, políticas de reconducción para quienes están purgando una pena, la infraestructura no es de las mejores. Si hablamos de la Policía, es una de las entidades poco confiables; sin embargo, es la encargada de llevar inicialmente la investigación en materia penal y, muchas veces, es el sustento de una imputación o una acusación. El Ministerio Público, lo propio, carece de la institucionalidad correspondiente.

O sea, todos los actores que tienen que ver con el andamiaje de la administración de justicia están llamados naturalmente a hablar y discutir la reforma judicial, y lo estamos haciendo como Órgano Judicial. Obviamente, no con los matices políticos, no con la demagogia que puede caracterizar a los actores políticos, sino a partir del punto de vista técnico, del diálogo mucho más sincero, no con el alto perfil que discuten mediáticamente los políticos.

Repito, si estamos sosteniendo análisis y discusión respecto a los puntos que en ocasión de la posesión del nuevo presidente del TSJ ya lo habíamos manifestado y expresado como preocupación, como propuesta del TSJ para discutirlo dentro del Órgano Judicial.