En las esferas oficiales y extraoficiales del país desde hace años se hace declaraciones, se afirma una serie de cosas, se critica y se habla cotidianamente sobre la justicia, pero pareciera que los interesados en el tema todavía no se han puesto de acuerdo sobre lo que van a hacer, si van a reformar la justicia o si van a reformar la administración de justicia, que son cosas absolutamente diferentes. Es más, se ha dado algunos pasos adelante, pero, finalmente, por falta de aclaración de esa cuestión, el problema se ha embrollado mucho más.
El asunto viene a cuenta en momentos que se afirma que, antes de hacer un juicio de responsabilidad contra la expresidenta Jeanine Áñez, es necesario reformar la justicia, pero la sugerencia del asunto llega a tal grado de abstracción que termina en el absurdo y la acusada ha llegado a atentar contra su propia vida, porque no sabe qué es lo que va a pasar con su existencia.
En efecto, la reforma de la justicia es un problema de gran magnitud que significa reformar o cambiar toda la legislación del país, desde los tiempos de la fundación de la República, vale decir la Constitución, todas las leyes vigentes, los códigos y otras disposiciones. No solo eso, sino cambiar toda la realidad material del país, realidad que es la que origina, finalmente, una nueva legislación.
Al contrario, cambiar o reformar la administración de justicia es otro asunto y se refiere a modificar los mecanismos que hacen cumplir las leyes, ya sean humanos, procedimentales, de infraestructura, etc., es decir, lo que se denomina en términos técnicos la superestructura, etc.
En meses recientes se ha puesto nuevamente en debate la idea de reformar la justicia e inclusive el Ministro de Justicia se ha pronunciado en torno al tema, llegando a afirmar que era necesario hacer modificaciones a la justicia, buena intención que fue archivada por un ukase venido de no se sabe dónde, pero que se intuye.
En cambio, algunas opiniones sobre cambiar la administración de justicia han terminado en un enorme cero, debido posiblemente a que modificaciones en ese nivel significarían que el Poder Ejecutivo podría perder el control del Poder Judicial, algo que dificultaría la precaria existencia del régimen, pues sus conductores no dejan de manifestar inquietud por un posible golpe de la “derecha” o algunas fuerzas subterráneas.
En todo caso, sería necesario que el gobierno del Estado Plurinacional adopte una posición clara en torno al asunto, o sea que va a reformar la justicia en general o va a cambiar o reformar la administración de justicia.