Todo indica que el Gobierno cumplirá con una sola de las recomendaciones conclusivas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mediante una especie de remedo de reforma de la Justicia. Al efecto, Iván Lima, Ministro de Justicia, se encuentra recorriendo el interior del país para “socializar” esa reforma. Obviamente, tal socialización solo con el MAS y los movimientos sociales que controla. La gestión del ministro poco o nada tiene que ver con sus promesas originales de atacar la Justicia en todo lo malo —que es mucho— en aras de renovarla a profundidad.
Sus iniciales promesas consistían en que el gobierno convocaría a un referéndum para modificar algunos artículos de la Constitución Política del Estado que determinan la elección de los magistrados por voto de la ciudadanía. El objetivo que pretendía era sustituir por la meritocracia la elección vigente de la cúpula judicial. Añadía Iván Lima que se agregaría el referéndum a los comicios sub nacionales con ahorro de tiempo y recursos.
Otro de los alcances de Lima fue dar un plazo para la renuncia de los componentes del Consejo de Magistratura, bajo alternativa de someterlos a juicio de responsabilidades ante el Órgano Legislativo. Esto debido a las más que abundantes denuncias contra el Consejo en cuestión. Empero, a poco tiempo, el gobierno y la bancada parlamentaria masista pararon en seco las propuestas de reforma, o sea, duraron menos que “una salva de cuetes”.
Uno de los pilares del gobierno es, sin duda, el manejo del Órgano Judicial según sus deseos y conveniencias. Es a la vez uno de sus brazos persecutorios de sus adversarios políticos y resorte protector y de impunidad de su militancia, junto al Ministerio Público. Por consiguiente, el gobierno no admite ni admitirá deshacerse de esa maquinaria a sus órdenes.
Acaba a salir a luz otra de las trapisondas del cuestionado Consejo. Es la desaparición de 200 procesos por distintas faltas y otras transgresiones de jueces y magistrados, y también del mismo organismo. No es la primera vez de un acto semejante. ¿Cuál sería el costo para quienes tenían urgencia de esta desaparición destinada a borrar sus actos censurables dentro del aparato judicial? La Comisión de Justicia de Diputados anunció un viaje a Sucre con el fin de “evaluar” el caso en la misma sede del Consejo de la Magistratura. Se sabe cómo terminan estas fechorías. Es difícil que entre compañeros de la misma tienda se pueda esperar resultados que merezcan los aplausos de la opinión pública.