- Sumando Voces - Observa Bolivia hará seguimiento a los comicios del 22 de marzo con más de 1.700 observadores
- ATB - Confirman debate de candidatos a la Gobernación para este miércoles
- El Potosí - TED arranca con el armado de las 2.340 maletas electorales
- FIDES FM 101.5 - Santos Quispe denuncia "favoritismo" hacia Andrés Gómez tras debate electoral
Medio: El Diario
Fecha de la publicación: sábado 18 de septiembre de 2021
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Los procesos judiciales que sigue el Gobierno en contra de los alcaldes de Cochabamba y La Paz perjudican su gestión, debido a que deben dejar de lado sus actividades y atender los juicios en su contra.
La afirmación anterior corresponde al analista político Paul Coca, quien señaló que los procesos en contra de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, e Iván Arias, alcalde de La Paz, obstruyen la gestión que realizan ambas autoridades, debido a que “ahora deben destinar tiempo para atender los procesos en su contra en vez de enfocar su atención en su labor al frente de los municipios a su cargo”.
“Lo preocupante es que estas acciones están dirigidas solo a los municipios controlados por partidos opositores, con lo que se mantiene latente la posibilidad de que se inicien en adelante más procesos en contra de otras autoridades contrarias al partido en función de gobierno”, dijo.
En su opinión, el oficialismo intenta boicotear la gestión de ambos alcaldes, quienes han logrado una importante crecimiento y aceptación de la población, “hecho que crea preocupación en el MAS”.
En las últimas horas, los alcaldes afectados afirmaron contar con elementos que respaldan su defensa a tiempo de denunciar intentos del oficialismo por desgastar sus gestiones.
Reyes Villa señaló contar con todo el aval jurídico para respaldar su defensa y denunció una evidente arremetida política en su contra. “No vamos a retroceder”, indicó.
Por su parte, Arias advierte que estas acciones forman parte de una estrategia de debilitamiento para tenerlos en vilo, “entre la Alcaldía y la Fiscalía”, dijo.



