Los "exdirigentes históricos" de diferentes organizaciones sociales del país calificaron este miércoles de "podrida" a la justicia; advierten que la reforma de seis puntos que presentó el ministro de Justicia, Iván Lima, es un "circo" para justificar la opresión y abuso de poder del Gobierno y no se constituye en una propuesta de cambio estructural del sistema judicial.

"La justicia está podrida, se necesita plata e influencia política para obtener justicia. Solo contados jueces y fiscales cumplen su trabajo con apego a la ley, el resto apesta como en todos los círculos del poder político", criticaron los exdirigentes en un pronunciamiento emitido este miércoles.

Con la frase "Las víctimas jamás encontraran justicia en un país donde el opresor fabrica sus propias leyes", los exdirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Central Obrera Regional (COR), Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y académicos del país se pronunciaron sobre la situación de la justicia en el país.

En relación a la propuesta de seis puntos que presentó el ministro de Justicia, los exdirigentes observan que es un "circo para justificar la opresión y abuso de poder cometidos con mayor ahínco en este último tiempo por el partido gobernante y no como una propuesta de cambio estructural de la justicia". "El ministro Lima ignora el derecho", afirmaron.

Lima presentó el 1 de septiembre una "ruta crítica" de seis pilares para concretar la reforma judicial y el plan consta de una etapa preparatoria, un periodo de presentación de propuestas y mesas de trabajo, sistematización y conclusiones, para luego pasar a poner "fechas y presupuestos" a la reforma. Este plan se podría implementar en 90 días.

Entre los seis ejes que planteó Lima están la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos acceda a la justicia en igualdad de condiciones; consolidar la independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales.

Además de impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas; desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia; y promocionar la ética y transparencia en la administración pública.

La propuesta fue criticada especialmente por la Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Legislativo, quien señaló que la propuesta no toca el principal punto que es el cambio de jueces y fiscales.

Para los exdirigentes, un verdadero cambio de la justicia tiene que pasar por una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), esto debido a la experiencia que el país tuvo en la elección de magistrados por voto directo. "No ha solucionado los problemas de independencia de la justicia, al ser seleccionados políticamente", sostienen.

El documento está firmado por Guido Mitma, COB; Roberto de la Cruz y Sixto Tallacahua COR de El Alto; Adolfo Chávez, CIDOB; Roberto Coraite y Felix Santos, CSUTCB; Cansio Rojas, CONAMAQ; Ángel Villca, Carlos Rojas y Eddy Condori, FEJUVE; Alcira Ramírez, FSTPB; y los académicos: Heriberto Castañeta, Víctor Hugo Chávez, Carlos Palenque, Romualdo Huanca, Maritza Lizárraga, Claudio Loza, Jhesmin Huanca, Susana Condori y otros.