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Medio: La Patria
Fecha de la publicación: miércoles 15 de septiembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Diferentes organizaciones sociales del país calificaron, este miércoles, a la justicia de “podrida”, asimismo advirtieron que la reforma judicial planteada por el ministro de Justicia, Iván Lima es un “circo” para justificar la opresión y el abuso de poder del Gobierno de Luis Arce.
De esa manera, exdirigentes “históricos” también se manifestaron al respecto, indicando que la estructura planteada por Lima no se constituye en una propuesta de cambio estructural del sistema judicial.
“La justicia está podrida, se necesita plata e influencia política para obtener justicia. Solo contados jueces y fiscales cumplen su trabajo con apego a la ley, el resto apesta en todo los círculos del poder político”, manifestaron los exdirigentes mediante un pronunciamiento emitido esta jornada.
Los exdirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Central Obrera Regional (COR), Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) y académicos se pronunciaron sobre la situación de la justicia en Bolivia.
“Las víctimas jamás encontrarán justicia en un país donde el opresor fabrica sus propias leyes”, fue la frase que utilizaron mencionadas organizaciones para protestar contra el Gobierno.
En relación a la propuesta de los seis puntos planteados por el ministro Lima, los exdirigentes observaron que es un “circo” para justificar la operación y abuso de poder cometidos con mayor ahínco en estos tiempos por el partido gobernante y no como una propuesta de cambio estructural de la justicia. Afirmaron que “el ministro Lima ignora el derecho”.
El titular de esa cartera de Estado, presentó una “ruta crítica”, el 1 de septiembre, de seis pilares para concretar la reforma judicial. Este plan consta de una etapa preparatoria, un periodo de presentación de propuestas y mesa de trabajo, sistematización y conclusiones, para posteriormente determinar “fechas y presupuestos” a la reforma. El plan podría implementarse en 90 días.
Dicha propuesta fue criticada por diputados de Comunidad Ciudadana (CC) en el Legislativo, quienes señalaron que dicho proyecto no hace énfasis en el punto principal que es el cambio de jueces y fiscales.
Finalmente, para los exdirigentes, un verdadero cambio judicial tiene que pasar por una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), debido a lo vivido anteriormente en el país con las elecciones de magistrados por voto directo.



