Al menos 100 representantes de plataformas ciudadanas de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca se reunirán este sábado 18 para aprobar un documento que pretende llamar la atención sobre la falta de independencia judicial y por los “presos políticos” derivados de la crisis de 2019.

Con la “experiencia” de esos sucesos, en el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran que la convocatoria pretende desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce con miras, incluso, a “un segundo golpe de Estado”. Con ese criterio se presentó ayer en la plaza Murillo un grupo de activistas afines al oficialismo.

“Hay una convocatoria para el sábado. No sabemos con exactitud qué es lo que pretenden hacer, pero sí les vamos a decir que nunca más nos van a encontrar esas arremetidas golpistas ni desorganizados ni desmovilizados. No vamos a provocar ningún tipo de reacción violenta, pero vamos a disputar las calles”, anunció la activista Canela Crespo, en representación de la coordinadora de organizaciones, colectivos y bloques urbanos.

Crespo señaló que se organizaron hace un mes, para el 5 de agosto, cuando evitaron que legisladores de la oposición y activistas se movilizaran para demandar libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, detenida desde marzo tras ser acusada de promover “una ruptura institucional”, cuando asumió el mando del país tras la renuncia de Evo Morales.

“Hemos estado en la defensa del atrio de la Universidad de San Andrés, hemos estado en el recibimiento del informe del GIEI; en las actividades conmemorativas del golpe de Hugo Banzer y hacia adelante tenemos más movilizaciones. Creemos que ese es el camino. No sólo para la defensa del Gobierno sino del proceso de cambio”, insistió Crespo, luego de leer un documento firmado por representantes de 77 organizaciones urbanas de La Paz y El Alto.

Guillermo Paz, quien es parte de las plataformas ciudadanas del 21F, afirmó que se trata de “un grupo de choque que está en la línea dura del MAS”. Entre ellos “figura Columna Sur, que es el colectivo al que pertenece el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo”, dijo.

El activista señaló que forma parte de un movimiento ciudadano que se mantiene vigente desde 2016, cuando el MAS promovió un referéndum para poder ampliar el mandato legal de Evo Morales.

“Vamos a tener un pronunciamiento para anunciar que estamos dispuestos a salir a las calles pacíficamente para pedir que se respeten los derechos de todos los bolivianos. Sabemos que el Gobierno nos tiene marcados; nosotros salimos de frente y pacíficamente. No nos ocultamos; no estamos como estos grupos de choque que usa el MAS en una línea que cada día es mucho más radical y más violenta”, afirmó.

Las plataformas del 21F enviarán las conclusiones de sus deliberaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea. “No se descarta que vaya alguno de nosotros al exterior a materializar las denuncias de vulneración de derechos humanos”, remarcó.

El sábado habrá una marcha a la plaza Abaroa donde estaba “el mojón de la democracia que fue quemado” y que “será repuesto”.