Una veintena de organizaciones ligadas a la defensa de la democracia denunció que desde el Gobierno aumentan los ataques, violencia, criminalización y campañas de desprestigio en contra de instituciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.

En un extenso documento, las organizaciones nombran varios casos y demandan al presidente Luis Arce evitar fomentar las acciones de violencia y hostigamiento en contra de activistas de derechos humanos.

“Exigimos al Gobierno respetar y dar garantías a la labor que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil”, señala el documento

A través de un pronunciamiento, las instituciones señalan que las amenazas son un reflejo de la crisis de derechos humanos en territorio nacional.

“Desde hace más de una década, el partido gobernante ha emprendido acciones de debilitamiento y reducción del espacio cívico, limitando y obstaculizando la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Esto se ha visto reflejado a través de la cooptación y división de organizaciones sociales, campesinas e indígenas”, se lee en una parte del documento.

Derechos humanos

Además refieren que en las últimas semanas, la situación de la sociedad civil y defensores de DDHH “ha empeorado considerablemente”. Citan el caso del dirigente indígena Lino Peña de la comunidad Eben Ezer, quien fue golpeado por un grupo de colonos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y en agosto tras su hospitalización Peña falleció, el Gobierno afirmó que el deceso fue por Covid-19; sin embargo, al momento no hay un investigación que esclarezca el deceso del dirigente chiquitano.

Casos de vulneración

Asimismo, los activistas hacen referencia a diferentes casos de vulneración, entre ellos citan un comunicado emitido el pasado 18 de agosto por el Ministerio de Medio Ambiente y una amenaza a ambientalistas que denunciaron los incendios en áreas protegidas y territorio indígena.

Otra de las preocupaciones es la reciente amenaza en contra de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y su representante Amparo Carvajal, grupos radicales advirtieron con incendiar el domicilio de Carvajal.

Los firmantes

Ante esas situaciones, las 20 organizaciones, entre ellas el Cedib, la Asociación Nacional de Prensa, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Fundación Jubileo, Movimiento Ríos de Pie, Comité Cívico de Roboré, Colectivo consumidores conscientes, entre otras, exigen al presidente Luis Arce respetar y dar garantías a la labor que desempeñan los defensores de DDHH, periodistas y la organización civil.

“Eso implica evitar emitir campañas y expresiones de desprestigio y por el contrario, deben condenar los actos de hostigamiento contra los defensores de DDHH y debe proceder a las investigaciones sobre los ataques y amenazas de terceras personas en contra de la vida, integridad y libertad de todos estos sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, demandan.

También exhortan a los políticos simpatizantes con el MAS a dar muestras efectivas de su compromiso con la pacificación social.

MAS crea coordinadora para defender al Gobierno

Más de 70 organizaciones, colectivos y bloques urbanos de La Paz y El Alto determinaron crear una coordinadora en defensa del proceso de cambio y del Gobierno del presidente Luis Arce, “ante intentos de desestabilización impulsados por grupos políticos de oposición”.

Canela Crespo, representante de la coordinadora, llamó ayer a otras organizaciones a sumarse a esta iniciativa de unidad, para evitar nuevas arremetidas de “grupos políticos de derecha, que al igual que en 2019, pretenderían generar un escenario de desestabilización en Bolivia”, dijo.

“Así se ha creado el golpe de Estado de 2019, con la movilización de algunos sectores y la conformación de grupos paramilitares. Nosotros no vamos a reaccionar desde la violencia, pero sí vamos a defender a nuestro Gobierno”, indicó. Asimismo, demandó de las autoridades competentes, justicia para los muertos, detenidos y perseguidos durante el gobierno de Jeanine Áñez, según ABI.

“No se puede llamar persecución política al pedido de justicia por las masacres de Sacaba y Senkata, el Pedregal y otros territorios del país. Entendemos que se debe respetar los principios constitucionales del debido proceso; sin embargo, sí se debe hacer justicia por todos los caídos y detenidos ilegalmente”, manifestó. Llamó a la unidad de todas las organizaciones que comparten el ideal de justicia social.

Ataques a la prensa

El documento de las organizaciones dice que, durante el último mes, altas autoridades de gobierno, al igual que líderes de partidos políticos, han ejecutado campañas de desprestigio y deslegitimación en contra de medios de comunicación y periodistas, calificándolos de “opositores”, “corporaciones mediáticas”, “tergiversadores de hechos”, “mentirosos” y “abusadores del derecho a la libertad de expresión”. “Estas declaraciones evidentemente han repercutido en acciones directas en contra de algunas periodistas de ATB, Católica TV y Página Siete, que fueron agredidos en distintas circunstancias por grupos del oficialismo y la oposición”.