La Constitución Política del Estado establece en el Art.30 II. 4. “A la libre determinación y territorialidad. III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley”. Después de 31 años de su primera marcha en 1990, los pueblos indígenas de Beni iniciaron nueva marcha el 15 de agosto, recordando 31 años de la Primera Marcha por “Tierra y Dignidad”, exigiendo su libre determinación, autonomía como manda la Constitución y que los interculturales masistas, antes “colonizadores”, no avasallen sus tierras.

La primera marcha del año 1990, denominada “Por el territorio y la dignidad”, ingresó a la Paz el 17 de septiembre. Y ocho días después Jaime Paz Zamora firmó 3 decretos por los que se reconoció los territorios indígenas a favor de los pueblos Siriono, Moxeño, Chimán, Yuracaré, Weynayek y Movima. La segunda marcha fue en 1996, por el Territorio, el Desarrollo y la participación política de los pueblos Indígenas, logrando la promulgación de la Ley INRA y el reconocimiento a 33 TCos. Otra marcha fue la de 2011 por la defensa del TIPNIS. Esta marcha fue histórica, exigiendo y logrando la inclusión de los indígenas de tierras bajas, respetando su condición, sus cosmovisiones, su identidad, sus autoridades, ritos y costumbres.

El espíritu del poder constituyente, expresado en la Asamblea Constituyente, estableció el reconocimiento a las 36 naciones que existen en Bolivia, lo que está registrado en la Constitución Política del Estado y que aguantArce, al asumir el cargo, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Hoy, después de 31 años, los indígenas aún siguen buscando consolidar su libre determinación, autonomías y el proceso de saneamiento de sus tierras. La marcha inició su caminata en Puerto San Borja, con representantes de las comunidades de Bella Selva, Chimanes, Isiboro Sécure, del territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Cercado río Mamoré, comunidad de Puerto San Borja y se plegaron otros pueblos indígenas. Entre los marchistas destacan personas de la tercera edad. Elba Moiga tiene 82 años, representa a San Lorenzo de Moxos y don Francisco Juan Gualima Dolca de 77 años, de Movima, marcha con su nieta de 14 años.

La columna de marchistas está integrada por al menos 200 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños, que representan a una treintena de pueblos indígenas del oriente boliviano (Amazonia) y del Chaco, son representantes de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Los indígenas que partieron el 25 de agosto desde Trinidad, piden la defensa de su tierra territorio ante los avasallamientos o dotación de sus tierras a los interculturales (antes colonizadores).

El TIM I comenzó su trámite de autonomía indígena hace más de una década y en diciembre de 2020 aprobó, a través de normas y procedimientos propios, su Estatuto Autonómico, luego de que éste obtuvo la declaración plena de constitucionalidad.

El proyecto de Ley de Creación de Unidad Territorial para el acceso a la Autonomía indígena fue entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en enero de 2020, sin embargo, hasta la fecha tampoco logró una respuesta, pese a las reuniones que sostuvieron los dirigentes indígenas con los legisladores.

Los pueblos indígenas VERDADEROS, que hablan idiomas nativos, tienen autoridades elegidas con sus normas y procedimientos y, lo más importante. hacen la ROTACIÓN de cargos, sin salario, por convicción, al margen de los partidos políticos. Son la reserva moral de Bolivia porque cuidan nuestra Madre Tierra, hacen la rotación de productos para conservar sus elementos nutrientes que evitan la descertificación. Además, están reconocidos en la Constitución Política del Estado, Arts. 30 y 31 y otros, y en la Ley Nº 300 de la Madre Tierra de 2012.

Exigimos que el Tribunal Constitucional responda al trámite de Autonomía Indígena del TIM I que desde hace más de una década fue iniciado. Lamentablemente, la Ley Marco sufrió modificaciones que perjudican a los pueblos indígenas en su Autonomía. Finalmente, que el presidente Arce cumpla lo que establece la Constitución Política del Estado.