La noción de democracia en el país, entendida desde sus formas y mecanismos de participación, representación y constitucionalización, resultantes del texto constitucional aprobado en 2007, podría decirse, dependiendo del enfoque que se asuma, que se encuentra aún en construcción o en proceso de consolidación, sobre todo si se analizan dimensiones más allá de la legitimación democrática procedimental básica resultante del proceso eleccionario, como es la vigencia del Estado de Derecho.

Lo anterior, cobra relevancia sustantiva en el tiempo actual en sentido del inicio de un nuevo ciclo político en el país, en el cual, las autoridades electas en 2020 y 2021 enfrentan un contexto país caracterizado por la reinstalación de fracturas sociales de carácter territorial, ideológico y cultural, un escenario de recesión económica, déficit de cohesión social y una mayor incidencia e intensidad de la pobreza, desigualdad y la situación de vulnerabilidad resultante de una nueva realidad generada por la pandemia del Covid-19.

Estos aspectos definen una agenda de prioridades para la acción de las instituciones democráticas bolivianas y sus autoridades, electas y designadas, del ámbito político y social, cuyo desafío será preservar los avances alcanzados en materia de desarrollo durante el periodo de bonanza económica, identificar y gestionar los factores de crecimiento económico que permitan la reactivación de la economía y atender los elementos explicativos de los déficits de cohesión social. ¿Por qué un desafío para la institucionalidad democrática? La respuesta viene de la mano de Luis Felipe López-Calva, director regional de PNUD para América Latina y el Caribe, cuando señala que deben contemplarse al menos tres principios claves para la recuperación poscovid, (i) transformación de las capacidades de los Estados con innovación, (ii) transparencia y rendición de cuentas y (iii) confianza y legitimidad.

En ese sentido, en la configuración de políticas que respondan a los desafíos actuales, cobrará relevancia sustantiva la atención de los déficits de cohesión social (RBLAC, 2020) que enfrenta el país, explicados por el crecimiento de la economía informal, la desconfianza en la institucionalidad (en particular, la administración de justicia) y los rezagos educativos, a lo que se suma la situación de recesión económica iniciada en 2014 y que plantea el desafío de identificar estrategias para devolver dinamicidad a la economía constituyendo un derrotero central la mejora de la productividad total, que se propone (Inesad, 2019) atender priorizando tres factores; el capital humano, las instituciones y el progreso tecnológico.

Para atender esa complejidad, PNUD en Bolivia propone tener como enfoque de trabajo y horizonte meta, al mismo tiempo, la gobernanza efectiva, que, según la Comisión sobre Gobernanza Global, puede definirse como “la suma de las múltiples maneras como los individuos y las instituciones, públicas y privadas, manejan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo mediante el que pueden acomodarse intereses diversos y conflictivos y adoptarse alguna acción cooperativa. Incluye las instituciones formales y los regímenes con poder para imponer obediencia, así como arreglos informales que las personas y las instituciones han acordado”, aspectos sin duda sustantivos para el fortalecimiento y consolidación de la “democracia intercultural y paritaria”.

A partir de los argumentos expuestos, se propone trabajar desde la perspectiva del fortalecimiento de la  “gobernanza efectiva”, como aporte a la configuración de un nuevo sistema de gobernabilidad, que sin duda será necesario para el ciclo político que inicia Bolivia, y cuya ruta estratégica comprende: (i) el fortalecimiento de los entes deliberativos plurinacionales, nacionales y territoriales, para materializar la gobernabilidad democrática intercultural; (ii) la identificación y desarrollo de innovaciones para la reactivación (reconstrucción) económica de base territorial y el potenciamiento de unidades económicas, bajo el enfoque de desarrollo sostenible y soluciones basadas en la naturaleza; (iii) la identificación de diseños institucionales - competenciales y de políticas públicas funcionales al cierre de brechas de desigualdad, participación ciudadana y reducción de vulnerabilidades desde una perspectiva multidimensional a partir de la atención efectiva de la demanda social; y (iv) la instalación de infraestructuras de diálogo intercultural y fortalecimiento de la cohesión social.

Estos son los nuevos sentidos que la democracia en Bolivia puede perseguir de manera que se logre acercar esa “democracia aspiracional” esbozada en el texto constitucional con lo que en el cotidiano es la “democracia posible”, en un país en el que todo es dable. Estos son algunos de los aspectos para reflexionar al momento de conmemorar el día internacional de la democracia, nuestra democracia, la democracia del pueblo y para el pueblo.

Fernando Aramayo Carrasco es Coordinador de Programas y Gestión Institucional del PNUD Bolivia