La mañana de este martes, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, se presentó ante el pleno de la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados a responder siete preguntas elaboradas por el MAS sorprendiendo a los legisladores de oposición porque no participaron en la elaboración del cuestionario.

“Las preguntas fueron elaboradas por el presidente de la comisión de Justicia Plural, diputado Andrés Flores, nosotros no conocíamos el informe. Había la convocatoria, pero no sabíamos nada de las preguntas, no era una petición de informe oral aprobada por comisión”, dijo el diputado Ronald Huanca (de Comunidad Ciudadana).

Lanchipa había acudido a la comisión a responder siete preguntas referidas a la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes”, que encomendó el Ministerio Público al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. No había ninguna pregunta sobre el trabajo de auditoría que realizó la OEA al mismo proceso.
Otro de los diputados que estuvo presente, Tito Caero, afirmó que las respuestas al cuestionario parecían dirigidas que decidió realizar una Petición de Informe Escrito (PIE) al Fiscal, porque sus respuestas acrecentaron las dudas.

En la sesión de la semana pasada fueron informados que Lanchipa acudiría a brindar un informe sobre este caso, pero no les dijeron que había preguntas elaboradas desde la presidencia de la Comisión. Ninguno de los tres parlamentarios de oposición participó de su elaboración. Hicieron tres preguntas que fueron evadidas por Lanchipa, refirió Huanca.  

El parlamentario opositor afirmó que el informe pericial del grupo español no es contundente al negar o confirmar la existencia de un fraude electoral; pero el Fiscal Lanchipa insistió en que con ese documento el caso fraude electoral queda cerrado.

Según el Ministerio Público, este proceso está en etapa de impugnaciones y se espera la resolución de la Fiscalía de Distrito de La Paz que debe definir si el caso se cierra.

Ambos legisladores opositores relataron que el Fiscal General dijo que no se contrató una empresa en el país porque todas consideraron el caso como “excesivamente político”, lo mismo ocurrió con los ministerios públicos de los países vecinos y por eso se decidió la contratación de los españoles.