Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 14 de septiembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La mañana de este martes, el Fiscal General del Estado, Juan
Lanchipa, se presentó ante el pleno de la comisión de Justicia Plural de la
Cámara de Diputados a responder siete preguntas elaboradas por el MAS
sorprendiendo a los legisladores de oposición porque no participaron
en la elaboración del cuestionario.
“Las preguntas fueron elaboradas por el
presidente de la comisión de Justicia Plural, diputado Andrés Flores,
nosotros no conocíamos el informe. Había la convocatoria, pero no sabíamos nada
de las preguntas, no era una petición de informe oral aprobada por comisión”,
dijo el diputado Ronald Huanca (de Comunidad Ciudadana).
Lanchipa había acudido a la comisión a responder siete
preguntas referidas a la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y
Administración de Redes”, que encomendó el Ministerio Público al Grupo de
Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, España. No había ninguna pregunta sobre el
trabajo de auditoría que realizó la OEA al mismo proceso.
Otro de los diputados que estuvo presente, Tito Caero, afirmó que las
respuestas al cuestionario parecían dirigidas que decidió realizar una
Petición de Informe Escrito (PIE) al Fiscal, porque sus respuestas acrecentaron
las dudas.
En la sesión de la semana pasada fueron informados que
Lanchipa acudiría a brindar un informe sobre este caso, pero no les dijeron
que había preguntas elaboradas desde la presidencia de la Comisión. Ninguno de
los tres parlamentarios de oposición participó de su elaboración. Hicieron tres
preguntas que fueron evadidas por Lanchipa, refirió Huanca.
El parlamentario opositor afirmó que el informe
pericial del grupo español no es contundente al negar o confirmar la
existencia de un fraude electoral; pero el Fiscal Lanchipa insistió en que
con ese documento el caso fraude electoral queda cerrado.
Según el Ministerio Público, este proceso está en etapa de
impugnaciones y se espera la resolución de la Fiscalía de Distrito de La Paz
que debe definir si el caso se cierra.
Ambos legisladores opositores relataron que el Fiscal
General dijo que no se contrató una empresa en el país porque todas
consideraron el caso como “excesivamente político”, lo mismo ocurrió con
los ministerios públicos de los países vecinos y por eso se decidió la contratación
de los españoles.



