En medio del malogrado debate sobre la imprescindible reforma de la justicia en el país, se plantea realizar un referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. El objetivo principal, entre otros, es modificar la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales. El tema no es nuevo (se discute desde hace una década), pero resulta impostergable.

Un tema de coincidencia entre oficialismo y oposición, además por supuesto de la ciudadanía, es que la administración de justicia en el país afronta una crisis severa, de larga data. Se requiere, por tanto, una reforma estructural. Ello no se limita a la forma de elegir y distribuir magistrados y jueces, sino también a cuestiones normativas, de transparencia, presupuestarias. Claro que el tema de fondo es garantizar la independencia del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional.

La última reforma sustantiva de la administración de justicia en Bolivia se produjo en el ámbito de la Asamblea Constituyente. Entre otras importantes innovaciones, la nueva Constitución Política, en su Título III, estableció la elección directa de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. La votación popular está precedida de una fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Luego de dos experiencias de elecciones judiciales (2011 y 2017), cuestionadas por la oposición que alentó la nulidad del voto, uno de los temas de discusión tiene que ver precisamente con la modalidad de elección de los magistrados. ¿Se mantiene la elección popular en dos fases, vistos sus malos resultados? ¿O se la cambia por otra fórmula, que no implique volver al cuoteo partidario? Este último camino requiere la reforma parcial de la Constitución Política, que debe ser aprobada en referéndum constitucional.

Al inicio de la gestión del actual Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, propuso realizar dicho referéndum junto con las elecciones subnacionales. La idea fue rápidamente desechada por varias razones, empezando por los plazos. Ahora el camino del referéndum es planteado por un grupo de juristas de la oposición, que están diseñando una propuesta de reforma. Y plantean hacerlo por iniciativa popular, esto es, con la firma de al menos el 20% del padrón electoral. Parece complicado.

Más allá de la decisión que se tome sobre la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales, y de si ello implica o no un referéndum constitucional, es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación, que conduzca a un acuerdo nacional. Cualquier camino de imposición o atajo decisorio, sin consensos, nacerá con la legitimidad magullada. El desafío es demasiado complejo como para dejarlo librado a la voluntad de unos pocos.