Un grupo de juristas   plantean  una reforma constitucional del sistema judicial a través de la iniciativa popular, mecanismo previsto en la Constitución Política del Estado (CPE). Entre los notables que impulsan la iniciativa están el exmagistrado José Antonio Rivera y el abogado Juan Del Granado.

Rivera fue uno de los integrantes de la denominada comisión de notables que el Gobierno conformó a fines de 2020,  con el fin de reformar la justicia, pero que no llegó a buen puerto -dijo- por falta de voluntad del Ejecutivo. Del Granado fue el abogado que logró encarcelar al exdictador Luis García Meza.

En una entrevista con Página Siete, Juan Del Granado indicó que un grupo de abogados trabaja en una propuesta de reforma.  

“No esperamos nada del Gobierno ni del Estado, vayamos a la democracia directa, apelemos a la Constitución, referendo popular por iniciativa ciudadana. Planteamos la reforma, la ponemos en consideración de la gente y tenemos que ir a recoger 1,5 millones de firmas para ir al referendo ciudadano, donde las preguntas y la propuesta la hará la gente”, sostuvo Del Granado.

El artículo 411 de la CPE dispone que la reforma parcial del texto constitucional podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20%  del electorado.

Rivera, exmagistrado, indicó que lo que se debe hacer de forma urgente es “reformar la Constitución para devolver la independencia judicial, tanto institucional al Órgano, como la independencia a los jueces y magistrados”.

Aquello, explicó Rivera, pasa por 1) Reformar la CPE  para devolverle la autonomía económica, financiera, administrativa presupuestaria. 2) Consignar en la CPE  un mínimo de asignación presupuestaria que no debe ser menor al 3% de todo el presupuesto. 3) Establecer un nuevo sistema de selección y designación de magistrados, de jueces, de vocales, que esté sustentado en una comprobación pública, transparente y con intervención ciudadana de las idoneidades,  probidades que deben estar dotados los jueces, los magistrados para su  desempeño.

Rivera indicó que el país arrastra la crisis judicial desde décadas atrás. “La justicia en Bolivia se encuentra sumida en una crisis estructural terminal”, indicó en declaraciones a Erbol.

Sobre la iniciativa,  Carlos Alberto Goitia, exministro de Justicia, manifestó a este rotativo que todo esfuerzo que tienda a mejorar la situación del sistema de justicia es bienvenido.

Sin embargo, subrayó que es importante que el proceso de elaboración y presentación de los diagnósticos y de las propuestas pueda ser canalizado a través de una instancia que goce de la credibilidad de la población boliviana, que permita que esas propuestas sean conocidas por la población y que también recojan  las percepciones y requerimientos que ésta tiene.

“En ese sentido, lo que yo siempre he señalado es que me parece que los entes con mayor credibilidad en Bolivia, por un prestigio muy bien ganado, son los medios de comunicación y la Iglesia Católica, a los cuales uno podría sumar algunos otros entes que tienen presencia regional y global en temas de esta naturaleza como Human Rights Watch, Idea Internacional, la propia CIDH, ONU, a través de los consejos de expertos que tiene, y generar un proceso sólido y acorde a los estándares que se requieren en esta materia”, indicó.