Quiérase o no, la difusión de opiniones, variadas en su sentido, unas más radicales que otras, enmarcadas la mayoría en los fines de orden político, están restando valor al sentido estrictamente democrático que tiene el pueblo para decidir cuál será su voto, sabiendo de su responsabilidad de que se trata de seleccionar a ciudadanos o ciudadanas meritorios que ocupen cargos en los más altos niveles de la judicatura nacional, ese poder que debería ser completamente autónomo, libre de cualquier injerencia y cuyo funcionamiento sea una garantía para la vida de una colectividad en democracia.

De momento la condición legal define la acción de sufragar como un elemento obligatorio en nuestro país, pues quienes no concurran a votar confrontarán problemas en sus trámites de cualquier tipo pasadas las elecciones, quedando liberadas de esa presión sólo las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y enfermos comprobadamente impedidos de concurrir a los recintos electorales.

Planteado el asunto de ese modo, la incertidumbre ciudadana se acrecienta, pues no es el caso por ejemplo de Chile, que hace días convocó a sus ciudadanos asistir a las urnas, pero no obligatoriamente de ahí que para aquellos el peso de conciencia, entre elegir o no elegir, se reduce a una posición estrictamente personal.

En el caso nuestro la figura es diferente, hay que asistir a las urnas y sufragar, obligatoriamente, hay que emitir un voto haciendo uso del derecho que establece la Constitución, evidentemente, pero he aquí la diferencia, asistir a votar implica tomar una decisión, en la que debe estar vigente la opción que permita al elector elegir a una persona o no hacerlo, para ese fin se dispone democráticamente de la alternativa legal de marcar en la papeleta electoral, la preferencia por alguien, o simplemente si no está de acuerdo con los candidatos votar en blanco, esto significa no marcar en ninguna casilla, situación que sin embargo se rechaza por el peligro de fraude que puede presentarse, como ya sucedió, cuando papeletas en blanco aparecen marcadas.

Ahora se promueve el voto nulo, que es objeto de controversias planteadas desde el sector oficial que rechaza esa alternativa, mientras que en la oposición se alienta abiertamente asistir a las urnas pero votar nulo que significa tachar cuadros o papeleta, como una muestra de rechazo a los candidatos, que por muchas situaciones son calificados oficialistas, lo que significaría que al ser electos se cometería por segunda vez el grave error de elegir por minoría a la mayoría de candidatos, que con mínimo porcentaje de votos sean electos.

Lo que mencionan los expertos y no sólo del país, también algunos observadores internacionales, es que en cualquier acto eleccionario, los votos válidos cuentan, pero si los blancos y nulos fueran de mayor cantidad, el acto electoral quedaría prácticamente invalidado. Esa es una situación que a diez días del acto electoral, no se aclara concretamente.

Para la ciudadanía en general, lo importante es saber que sufragar, más que un derecho es un deber cívico, pero hacerlo tiene que estar bajo la garantía de respetar la opción que el votante elija, que se reduce a la decisión personal de elegir o no hacerlo, y ese resultado debe ser convalidado, en el marco del respeto al derecho ciudadano y la democracia vigente.