La bancada de diputados y senadores de la alianza Creemos envió una carta al presidente Luis Arce, en la que denuncia el accionar de Wilfredo Chávez, procurador general del Estado, respecto al recuento de actas de las elecciones de 2019. La agrupación asegura que Chávez pretende atribuirse facultades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que debe “abandonar pretensiones que no son de su competencia”.
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La alianza política envía una carta al presidente Luis Arce en la que critica la iniciativa del recuento de actas.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. Foto: Procuraduría General del Estado.
La bancada de diputados y senadores de la alianza Creemos envió una carta al presidente Luis Arce, en la que denuncia el accionar de Wilfredo Chávez, procurador general del Estado, respecto al recuento de actas de las elecciones de 2019. La agrupación asegura que Chávez pretende atribuirse facultades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que debe “abandonar pretensiones que no son de su competencia”.
"Nos vemos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a su autoridad debido al penoso y vergonzoso proceder de Wilfredo Chávez, pretendiendo atribuirse facultades propias del OEP que están completamente alejadas de su rol como procurador general del Estado y que solo empañan la imagen del Estado Boliviano", inicia la misiva, recibida el pasado 10 de septiembre.
El documento recita las circunstancias que llevaron al expresidente Evo Morales a solicitar una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y cómo el informe de dicha entidad concluye que hubo "manipulación dolosa" en los comicios de 2019.
"No comprendemos el empeño del procurador en promover una revisión de actas de las elecciones del año 2019, cuando la función de la Procuraduría —según mandato de la Constitución y su propia ley— es promover, defender y precautelar los intereses del Estado judicial y extrajudicialmente y emprender las acciones legales dirigidas a cumplir ese rol, mas no en el ámbito de procesos electorales", continúa el escrito.
"Es evidente que cuestionar el trabajo realizado por expertos internacionales (...) no persigue la defensa de los intereses del Estado. (...) Asimismo, no es función de esta autoridad el tomar conocimiento de asuntos relacionados con temas electorales, por lo tanto, no tendría ninguna competencia para realizar la revisión de actas".
Creemos recalca que el problema no fue el recuento de votos de esas actas, sino las actas mismas, por lo que "revisar actas viciadas es completamente absurdo". Además, considera, que esta revisión supone una "nueva búsqueda de argumento para intentar borrar de la historia el fraude electoral" y asentar la teoría del supuesto golpe de Estado con fines "netamente distractorios".
"La actuación del procurador atribuyéndose tales funciones demuestra la falta de independencia institucional existente en el país y el irrespeto al Estado de Derecho, pues si existiera un verdadero interés en investigar el fraude electoral, el procurador podría haber accionado conforme al numeral séptimo del artículo 2.1 de la norma constitucional con relación a la decisión de la Fiscalía evitando el cierre del Caso Fraude Electoral, pero no lo hizo", sostiene.
Chávez presentó el pasado agosto un informe de la Contraloría General del Estado que desconoce la auditoría de la OEA al proceso electoral de 2019. En este marco, el procurador invitó a unas jornadas de “aclaración democrática”, en las que se plantea revisar cada una de las 35.000 actas del proceso, al encontrarse éstas digitalizadas en el Órgano Electoral.
