Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: sábado 11 de septiembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La Misión Permanente de Bolivia ante la OEA remitió a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría cuatro informes del Centro de Investigaciones en Economía y Política (CEPR, por su sigla en inglés), que establecen la inexistencia de un fraude electoral en las elecciones generales de 2019.
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La Misión Permanente de Bolivia ante la OEA remitió a la
Cancillería, al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría cuatro informes del
Centro de Investigaciones en Economía y Política (CEPR, por su sigla en
inglés), que establecen la inexistencia de un fraude electoral en las
elecciones generales de 2019.
La información fue difundida este viernes por Héctor Arce,
embajador del país ante la OEA, mediante su cuenta de Twitter.
“Hoy enviamos de manera oficial cuatro informes del CEPR
sobre la mal llamada ‘Auditoría de Integridad Electoral’ de la OEA sobre las
Elecciones Generales del año 2019, un paso más en la lucha por saber la verdad
de la mayor infamia que cometió la Secretaría General contra Bolivia”, escribió
Arce en esa red social.
En un comunicado, la embajada boliviana añadió que se trata
de cuatro “informes recepcionados y que fueron remitidos al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a
la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia para su
conocimiento, análisis y posible judicialización”.
“Los informes en conjunto aluden a que los datos contradicen
las afirmaciones de la Secretaría General de la OEA con relación a que la
detención de la TREP durante las elecciones bolivianas produjo una anomalía en
la tendencia de votación. También identifican las declaraciones de la Misión de
Observación Electoral como incorrectas, apresuradas y causantes de los hechos
de violencia que se dieron durante las Elecciones Generales del 20 de octubre
de 2019”, indica.
“Los informes también establecen con evidencia científica
que la supuesta auditoría no hizo la más mínima valoración de las actas
electorales y llegó a conclusiones erradas y forzadas. Los informes también
apuntan que en el Informe Final de la Secretaría General de la OEA no existen
elementos que puedan demostrar la más mínima evidencia de lo que se ha
denominado ‘manipulación intencional’, o ‘irregularidades graves’, por lo que
según los expertos internacionales los criterios asumidos en el informe no
tienen fundamento legal y son sesgados”, agrega el comunicado.
