El abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), José Antonio Rivera, informó que la próxima semana un grupo de ciudadanos y abogados están concluyendo una propuesta para impulsar un referendo popular, destinado a cambiar la Constitución Política del Estado (CPE) como paso previo a profundos cambios en el Órgano Judicial.

La iniciativa surge como alternativa a los seis ejes planteados el Ministerio de Justicia para encarar un plan de reforma judicial que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Investigadores (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rivera indicó que, si no se va por un cambio en la Constitución, los seis ejes “serán un parche” porque no resolverá el problema de fondo que es el económico y la independencia del Órgano Judicial.

El gobierno propuso analizar cambios a partir de los ejes temáticos como el Balanceo del Conflicto, Sistema de Acceso a la Justicia; Independencia Judicial; Soluciones TIC hacia la transformación digital; Desarrollo Normativo; y Transparencia institucional.

Rivera manifestó que, luego del primer intento fallido de encargar la reforma judicial a un grupo de expertos del cual dijo haber formado parte, un grupo de ciudadanos iniciaron una acción para proponer una reforma constitucional por iniciativa ciudadana vía referendo popular en base a una ruta crítica con acciones inmediatas, mediatas y de largo alcance.

El primer punto de la consulta sería cambiar la Constitución en relación al mecanismo de selección y designación de magistrados; segundo consignar en la Constitución una asignación presupuestaria no menor al 3% del presupuesto general del Estado porque el actual solo alcanza al 039%; y el tercero restructurar el Consejo de la Magistratura.

Sostuvo que es importante devolver independencia a los magistrados y autonomía, económica-financiera al Órgano Judicial, y lo más importante, que una Comisión Nacional de Selección sea la encargada de designar vocales y jueces, en base a un mecanismo de transparencia con intervención ciudadana.

También plantea modificaciones a la justicia indígena originario-campesina, porque cuando fue creada recibió todo en la Constitución, pero fue vaciada en su contenido con una Ley de Deslinda Jurisdiccional.

“Estamos concluyendo esta semana (el trabajo) para ya abrir el debate con las universidades, personas especializadas para, finalmente, a través de las plataformas y organizaciones ciudadanas podamos empezar el recojo de firmas porque necesitamos 1.400.000 firmas para pedir al Tribunal Supremo Electoral que convoque al referéndum para aprobar esa reforma constitucional y a partir de eso comencemos con la verdadera transformación de la justicia”, declaró al programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier, Fátima Tardío, sostuvo que el punto nodal de la actual crisis de la justicia es el tema de la preselección de jueces y fiscales. “Este punto que evitan tocar, qué hacemos con los jueces y fiscales que están en toda la administración de justicia, qué se va a hacer con los servidores de justicia, y qué se va hacer para controlar la corrupción”, indicó la académica en el mismo programa radial.