La propuesta del Ministro de Justicia para reforma judicial es igual a un plano elaborado para la construcción de un edificio sin gradas ni espacio para ascensor-descensor. Es el mismo plan maquiavélico de embaucar expuesto el año 2016 en el evento organizado por su antecesor en ese cargo. En dicha ocasión, se plantearon soluciones para erradicar algunas fallas, pero no se tocó el meollo del problema consistente en la necesidad ineludible de evitar que el Poder Judicial sea una mera dependencia del Poder Ejecutivo.

Poco antes de su actual posición, el Ministro de Justicia anunció su idea de suprimir el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, además de modificar el sistema de registro de los Derechos Reales. Actualmente expuso los mismos planteamientos del año 2016. Desconoce que, para hacer efectivas todas esas intenciones, la base está en una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para modificar la modalidad de elección de las autoridades de la cúpula del Poder Judicial.

Personalmente, a través de varias publicaciones, insisto desde el año 1991 en la necesidad de despojar al Poder Legislativo de toda injerencia respecto al Poder Judicial. Posteriormente añadí a ese criterio la opinión consistente en que se suprima el cargo de Ministro de Justicia cuya única función es realmente la de avasallar al Poder Judicial.

Creo, como expresé reiteradamente, que los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados y jueces y los profesores de las facultades de derecho deben ser los integrantes de comisiones de la sociedad civil organizadas en cada uno de los departamentos del país para elaborar las listas de postulantes a los altos cargos del Poder Judicial, y remitir las ternas pertinentes al Tribunal Supremo Electoral.

Con ese criterio, sugerí que se haga campaña en todo el país para lograr que la reforma parcial de la Constitución se realice en mérito a una iniciativa popular según lo determinado en el numeral II del artículo 411 de la Constitución. Para ese efecto se requiere presentar al Poder Legislativo un petitorio con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado.

También propuse que los medios de comunicación hagan encuestas sobre la posibilidad de consulta al pueblo mediante referéndum para introducir tal enmienda en el actual texto de la Constitución. No se logró ningún resultado con tal obstinación. Fue, hasta ahora, arar en el mar.