Además, plantea alternativas de solución y desafíos que deben atender los diferentes niveles de gobierno.

Reunidos en la ciudad de Santa Cruz entre el 9 y 11 de septiembre, a convocatoria de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), los pueblos indígenas de tierras altas y bajas conformaron ocho comisiones para analizar los efectos del extractivismo, los avasallamientos, la educación y salud en las comunidades.

También analizaron las trabas que dificultan la autonomía indígena, los conflictos de la justicia indígena, la representación política, el paralelismo y división de sus organizaciones y su visión de desarrollo. 

El reencuentro nacional concluyó que: no se respeta la consulta previa; los avasallamientos y el narcotráfico afectan tierras indígenas; la educación no es gratis en las comunidades; la burocracia, acceso a recursos y gestión del territorio impiden consolidar las autonomías indígenas.

Entre otras conclusiones también están que la justicia indígena está impugnada por la justicia ordinaria; demandan un escaño por cada pueblo y nación indígena; existe paralelismo de organizaciones que impide una representación legítima; y, que se debe recuperar la visión indígena de representación y desarrollo. 

No se respeta la consulta previa: los indígenas señalaron que no se efectúa de manera previa, no se respeta la decisión de las comunidades cuando se oponen a actividades extractivas y se amenaza a dirigentes que defienden su territorio. 

“Los documentos informativos de los proyectos extractivos no brindan datos reales de cómo se realizarán las actividades y las afectaciones que generarán”, observaron. 

Avasallamientos y el narcotráfico afectan tierras indígenas: La Comisión de Tierra y Territorio identificó problemas en cinco áreas: saneamiento y titulación, avasallamientos, distribución de tierras fiscales, tráfico de tierras y aprovechamiento ilegal de recursos naturales. 

El más álgido es relativo a los avasallamientos que sufren de parte de los colonizadores (hoy llamados interculturales), además de campesinos, ganaderos o terceros que ocupan tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas.

El narcotráfico fue identificado como una de las actividades ilegales que está afectando a las formas de vida de los pueblos indígenas, al perpetrarse en su territorio para desmontar áreas que sirven de pistas de aterrizaje. 

Esto se suma a la contaminación de fuentes de agua por el uso de químicos para la producción de droga. 

La educación no es gratis en las comunidades: La Comisión de Salud y Educación concluyó que la educación escolar en las comunidades indígenas no es gratuita como lo es en áreas urbanas. Allí, los problemas de acceso al agua, materiales e incluso de higiene son pagados por los propios comunarios. 

En lo que se refiere a educación universitaria, el factor económico es la principal causa para que muchos jóvenes no accedan a ella. Estimaron que 7 de cada 10 jóvenes van a la Universidad y de éstos, sólo uno logra llegar hasta la tesis. 

Burocracia, acceso a recursos y gestión del territorio: La Comisión de Autonomías Indígena Originaria Campesinas enumeró un total de 12 trabas que impiden la consolidación de las autonomías indígenas en el país, siendo la burocracia, el desconocimiento de la normativa, la gestión de los recursos naturales, la falta de asignación presupuestaria y la ausencia de una norma específica para el funcionamiento de los gobiernos autónomos indígenas, los principales óbices en este camino.

La justicia indígena impugnada por la justicia ordinaria: La Comisión de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina reflexionó sobre los problemas y desafíos de la justicia indígena. Hallaron que las resoluciones de la justicia indígena no son cumplidas por accionantes y accionados; además, hay temor de autoridades que administran la justicia indígena a ser demandados por sus acciones. 

A esto se suma los roces con la justicia ordinaria, mencionaron que jueces ordinarios no están de acuerdo con la aplicación de la justicia indígena, al grado que varios casos atendidos por ésta última, llegan a la justicia ordinaria y son impugnadas.

Un escaño por cada pueblo y nación indígena: La Comisión de Participación y Representación Política concluyó en la “demanda histórica” del movimiento indígenas de Bolivia de una asignación de 36 escaños en la Asamblea Legislativa, una por cada nación y pueblo indígena reconocidos en la Constitución. 

Esta comisión, además, identificó la prebenda de los partidos o el Gobierno hacia las dirigencias como uno de los problemas que corrompen al movimiento indígena, además de la discriminación hacia la mujer para que acceda a espacios de decisión. 

Paralelismo de organizaciones impide una representación legítima: La Comisión de Normativa Internacional y Acuerdo de Escazú planteó que el paralelismo de las organizaciones indígenas está impidiendo que se tenga una representación legítima en instancias nacionales e internacionales, lo que impide un seguimiento y cumplimiento a acuerdos que benefician a los pueblos indígenas, en este caso, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. 

Se determinó constituir un Comité Impulsor para que este Acuerdo sea aplicado en Bolivia, dado que ya fue aprobado y ratificado por el Estado.

Recuperar la visión indígena de representación y desarrollo: La Comisión sobre la Situación Orgánica del Movimiento Indígena Originario sintetizó los principales problemas que atraviesa el movimiento indígena. 

Vieron que las organizaciones indígenas son vistas como un botín del poder, hay un debilitamiento de las dirigencias, las nuevas generaciones no están involucradas en las luchas sociales, se fragmentó a las organizaciones desde el Gobierno, hay una manipulación del movimiento por parte de partidos políticos, además de una perdida de liderazgo, entre otros.

Como desafíos, propusieron articular esta agenda para recuperar el autogobierno, la libre determinación, la visión indígena de desarrollo y la reconstitución territorial. 

Para ello se propone rearticular el movimiento indígena para vincularlo con la defensa de la vida, además de impulsar una norma para elegir a sus representantes políticos desde su visión, la formación de nuevos líderes y reestructurar las organizaciones indígenas para reflejar un carácter comunitario y colectivo al interior de ellas.