En medio de las inclemencias del tiempo y las amenazas políticas del MAS, avanza la marcha pacífica (rumbo a ciudad de La Paz) de los pueblos indígenas del Oriente, la Amazonía y el Chaco boliviano. Los parias bolivianos, buscan conformar el Parlamento Indígena, para defender su habitad natural, que le regaló la naturaleza desde siempre.

La primera travesía fue en septiembre de 1990 (“Marcha por la Dignidad y el Territorio”), y exigía el reconocimiento jurídico de sus territorios, la autonomía político administrativa y el goce pleno de sus recursos naturales. El ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) salió a su encuentro el 17 de septiembre de 1990, con tres decretos supremos sobre los pueblos Sirionó, Moxeños, Parque Nacional Isiboro Sécure; Chimanes, Yuracarés y Movimas en la región de Chimanes, entre otros pueblos.

La segunda fue en 1996 (“Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas”), y exigía la modificación de la titulación de Tierras Comunitarias de Origen. A diferencia de las anteriores, la más reprimida por el gobierno, fue la que se oponía a la construcción de la Carretera que partía (dividía) el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (un verdadero genocidio).

Otro incidente mayúsculo fue cuando el ex presidente Evo Morales Ayma promulgó la Ley N° 266, abrogando la Ley N° 180 del 24 de octubre de 2011, que lograba un relativo blindaje del TIPNIS. Este territorio fue declarado “patrimonio sociocultural y natural, Zona de preservación ecológica y área protegida de interés nacional, Zona de reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-Trinitario”.

Sin embargo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de 13 de septiembre de 2007, marcará un hito fundamental en todo este proceso de reconocimiento jurídicos de sus territorios y autonomía no sólo por tratarse de un verdadero instrumento especializado, sino también porque declara (con absoluta convicción) que los pueblos indígenas, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas (art. 3).

Se trata de una declaración principista en el sentido de que no sólo “los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”, sino que “los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas” (arts. 1-3).

El reconocimiento de sus territorios y libre determinación (y de la autonomía como forma de ejercer esos derechos), es una extensión del proceso de la descolonización no solo política sino también cultural. No obstante, el gobierno del MAS, que siempre ha enarbolado las banderas indígenas, promueve y ejecuta (desde el INRA y los interculturales) los masivos avasallamientos, tráfico y expropiación de tierras en Santa Cruz.

Todo este accionar no sólo vulnera el derecho propietario colectivo y una amenaza al medio ambiente y su habitad, sino además constituye un retroceso histórico y una amenaza real para los pueblos indígenas del oriente. Los grupos criminales lucran con la inocencia de algunos campesinos, y todo esto termina pervirtiendo y minando el Estado Constitucional de Derecho, la Constitución, los Convenios y Pactos Internacionales. Los parias bolivianos no tienen otra forma de hacerse escuchar, que no sea a través de las marchas pacíficas, que nunca han sido del agrado del gobierno.