Luego de tres días de debate, el Re-encuentro Nacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reunió a 50 organizaciones, naciones y pueblos indígenas de los nueve departamentos del país, culminó con una Agenda Nacional que recoge sus principales demandas y necesidades.

Además, plantea alternativas de solución y desafíos que deben atender los diferentes niveles de gobierno.

Reunidos en la ciudad de Santa Cruz entre el 9 y 11 de septiembre, a convocatoria de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), los pueblos indígenas de tierras altas y bajas conformaron ocho comisiones para analizar los efectos del extractivismo, los avasallamientos, la educación y salud en las comunidades.

También analizaron las trabas que dificultan la autonomía indígena, los conflictos de la justicia indígena, la representación política, el paralelismo y división de sus organizaciones y su visión de desarrollo.

El reencuentro nacional concluyó que: no se respeta la consulta previa; los avasallamientos y el narcotráfico afectan tierras indígenas; la educación no es gratis en las comunidades; la burocracia, acceso a recursos y gestión del territorio impiden consolidar las autonomías indígenas.

Entre otras conclusiones también están que la justicia indígena está impugnada por la justicia ordinaria; demandan un escaño por cada pueblo y nación indígena; existe paralelismo de organizaciones que impide una representación legítima; y, que se debe recuperar la visión indígena de representación y desarrollo.

No se respeta la consulta previa: los indígenas señalaron que no se efectúa de manera previa, no se respeta la decisión de las comunidades cuando se oponen a actividades extractivas y se amenaza a dirigentes que defienden su territorio.

“Los documentos informativos de los proyectos extractivos no brindan datos reales de cómo se realizarán las actividades y las afectaciones que generarán”, observaron.