Actualmente, la gente no elige a la gran mayoría de sus legisladores/as en Bolivia. Estos van pegados al voto para Presidente o en una plancha global donde puede haber una mezcla de candidatos favoritos junto con no deseados. Únicamente se elige a parte de los diputados y a los ejecutivos.
Si bien los concejales se eligen en listas separadas de la candidatura para alcaldes, la gente no elige de forma directa a cada uno de ellos y ellas. Lo propio pasa con las y los asambleístas departamentales, salvo en los casos de asambleístas por territorio. En el caso del gobierno central, los senadores y los diputados plurinominales no se eligen en listas separadas de los candidatos a Presidente y Vicepresidente, ni siquiera aparecen en las papeletas de votación. Ingresan al poder gracias al voto para Presidente.
Todo eso va contra el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes mediante el voto directo y libre, contra el derecho a ser representada y contra los principios de representación política y de soberanía popular (CPE, arts. 7 y 26.II.2; Ley 026, art. 2.g). Al no poder elegir de forma directa e individualizada a sus representantes políticos ante los órganos legislativos, los ciudadanos estarían siendo privados de su derecho a tener representantes auténticos y legítimos, y estarían siendo limitados en su soberanía que, se supone, reside en ellos.
Los senadores deben ser electos de forma directa e individualizada, de modo que la gente de cada circunscripción departamental pueda decidir auténticamente sobre quién desea que sea su representante ante el Senado. Respecto a los diputados plurinominales, estos debieran desaparecer y existir únicamente los uninominales, ya que es en esta modalidad donde existe una elección auténtica de representantes. Para eso, es necesaria una reforma constitucional o una interpretación del Tribunal Constitucional para la aplicación de las reglas electorales, en coherencia con los derechos y principios previstos en la misma Constitución.
En el caso de los gobiernos subnacionales, absolutamente todos los asambleístas departamentales y concejales debieran ser electos de forma directa y por territorio, para garantizar la auténtica representación política, así como los derechos y principios mencionados. Para esto no es necesaria una modificación constitucional, ya que, en ejercicio de la competencia compartida en “régimen electoral departamental y municipal” (CPE, art. 299.I.1), los gobiernos municipales y departamentales debieran poder desarrollar su propio régimen electoral, en coherencia con la base dogmática citada, tal como mandan los arts. 278.II y 284.III de la Constitución.
En el periodo poscrisis democrática del país y, al menos en el Día Internacional de la Democracia (15 de septiembre), debiéramos comenzar a insistir en el ejercicio pleno del derecho a elegir representantes políticos, en una auténtica democracia para Bolivia.