El vocero presidencial Jorge Richter afirmó que el golpe de Estado de 2019 no fue gestado con base en una coyuntura breve luego de las elecciones del 20 de octubre de ese año, sino que fue cuidadosamente planificado por varios actores.

“Lo que ocurrió en noviembre de 2019 con el golpe de Estado fue una ruptura constitucional, un hecho que no fue casual ni una coyuntura conflictiva, como se quiso instalar en el país. Siempre nos quieren trasladar al 21F (referendo del 21 de febrero de 2016) al tratar de distribuir responsabilidades y encontrar en los meses posteriores y hasta hoy un empate histórico que permita asegurar la impunidad para los promotores”, dijo en su informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, vía Zoom.

Destacó el papel de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando en mayo de ese año se trató de ganar la confianza de Evo Morales para traer la misión de observadores para controlar esas elecciones.

Otro aspecto fue el cabildo en Santa Cruz, el 4 de octubre, con dos consignas: desobediencia civil y no reconocimiento de los resultados.

Ahí se instaló la retórica de fraude electoral y no acatamiento de los resultados si favorecían al partido de gobierno.

Este discurso fue replicado en otros departamentos.

“Ésta es una transgresión a la legalidad”, dijo. La noche de la elección, la OEA construyó otra narrativa de duda alegando la paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Al día siguiente aparece Carlos Mesa y dice que hubo un fraude monumental con el objetivo prioritario de generar la indignación colectiva amplificada por comités cívicos y otros organismos internacionales.

Posteriormente se concretó el motín policial y los pedidos de renuncia de Evo Morales.

Aunque no estaba contemplado en el acuerdo, la OEA entregó un informe preliminar y el final recién lo hizo llegar el 4 de diciembre, con Añez ya como presidenta.

“El pedido de renuncia de las FFAA fue determinante”, afirmó.

Jeanine Añez interpretó de manera personal el reglamento del Senado para proclamarse presidenta de la Cámara Alta y la Constitución para activar la sucesión presidencial.

“Se proclamó presidenta del Estado, que no es lo mismo que la proclamación”, apuntó.

Las masacres

Las horas sucesivas fueron de tensión y enfrentamientos, entonces se manifestó la represión de policías y militares (Senkata y Sacaba) para terminar con la resistencia al gobierno de facto.

Hubo más de 30 ejecuciones extrajudiciales, 800 heridos y más de 1.000 detenidos.

“Hay dos momentos diferenciados: los enfrentamientos entre civiles con inacción de la Policía y los instrumentalizados desde las fuerzas represoras del Estado con la violencia que ejercen. Fue un golpe de Estado para sostener el gobierno inconstitucional”, manifestó.

Destacó la importancia de los juicios ordinarios por la ruptura institucional y de responsabilidades por las masacres y violación de los derechos humanos.